El Gobierno no puede valerse de ninguna herramienta legal para impedir que los restos de Francisco Franco sean enterrados en la catedral de La Almudena, una vez sean exhumados del Valle de los Caídos, según ha reconocido la propia vicepresidenta, Carmen Calvo. La familia del exdictador posee un espacio dentro de la cripta del templo madrileño, destinado a dar sepultura a sus miembros.
Si la familia lleva allí los restos del líder y la Iglesia no tiene reparos, no habrá nada que pueda impedir el enterramiento en un lugar de alto simbolismo, ha reconocido Calvo. La vicepresidenta explicó el miércoles que el Ejecutivo sólo tiene capacidad para exhumar a Franco del Valle de los Caídos, un monumento que, a diferencia de la Catedral de La Almudena, pertenece a Patrimonio Nacional.
Calvo ha justificado la necesidad de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos para cumplir la Ley de Memoria Histórica y las recomendaciones de Naciones Unidas, que periódicamente sacaban las vergüenzas a España por tener "una tumba de Estado donde se enaltece al dictador".
Pero una vez exhumados esos restos, ha explicitado, el Gobierno se los tiene que entregar a la familia porque son "su responsabilidad". Sólo en caso de que la familia no se hiciera cargo de los restos del dictador, el Ejecutivo tendría capacidad de decidir su nueva sepultura. Y en ese caso, ha aseverado, no se elegiría la cripta de La Almudena sino otro lugar "decoroso" que no ha revelado.
"En principio el Gobierno no puede ir más allá de lo que su familia decide", ha incidido, subrayando que lo más importante es que el dictador deje de estar enaltecido en un monumento público.
Sólo las autoridades eclesiásticas tendrían el poder de bloquear el deseo expreso de la familia, aunque, según los sondeos llevados a cabo desde miembros del Gobierno, contar con esta complicidad no parece posible. Por este motivo, Calvo ha cerrado una reunión a finales de octubre con el número dos del papa Francisco, a quien trasladará el problema del enterramiento de Franco con vistas a una mediación del Vaticano, según informa El País.
La vicepresidenta tendrá la oportunidad de trasladar así al Vaticano el conflicto que supondría llevar los restos del dictador al templo más relevante de la capital española, y pedir así una implicación a las autoridades más altas del catolicismo.