El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha sacado adelante una proposición en la que pide al Gobierno capacidad para establecer límites al precio del alquiler, una moratoria de precios de un año o un índice de precios, mientras se analiza la situación antes de que sea "irreversible".
La propuesta, que ha salido adelante con los votos de Ahora Madrid y PSOE contra la escalada "disparatada" de los precios, plantea medidas estructurales tanto a largo plazo, como el apoyo a la construcción pública de viviendas de alquiler, como a corto, como el establecimiento de un índice de precios, en la línea de lo que viene trabajando Barcelona desde hace tres años y como ya hizo Alemania o Francia, ha explicado el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.
La propuesta busca dotar a los ayuntamientos o a las comunidades de un marco legislativo que les permita regular los límites de los alquileres en función de características objetivas de las viviendas como prestaciones, proximidad a servicios públicos o accesibilidad.
Calvo argumenta la moratoria con que la subida de precios "necesita un parón" para evaluar el escenario y llevar a cabo medidas efectivas. "No podemos permitir que se sigan disparando los precios porque para cuando tengamos las leyes para controlar eso la situación puede ser irreversible. Es más difícil bajar los precios que estabilizarlos", ha indicado.
La portavoz socialista de Desarrollo Urbano Sostenible, Mercedes González, ha pedido al Estado una reforma de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) de 1994 ya que se limitó la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de cinco a tres años. La prórroga tácita se vio reducida de tres a un año e incluso permite resolver con el inquilino tras sólo un año de contrato. Esto, como plasma la proposición del PSOE elevada al PSOE, provocan "efectos inflacionistas en el mercado del alquiler, que ya se están dejando sentir".
Además la reforma derogó algunas ayudas, como la Renta Básica de Emancipación, así como las de subsidiación a los préstamos hipotecarios para la compra de viviendas acogidas a los planes estatales. Además redujo a diez días el plazo de desahucio ante el impago del alquiler si el inquilino no presenta alegaciones ante el juez.
A esto ha unido la escala del precio de la vivienda "de forma significativa" en la fase de recuperación de la economía en los años comprendidos entre 2014 y 2017 mientras que los salarios apenas han aumentado en ese periodo, apuntan los socialistas.
Entre 2014 y 2017 el aumento acumulado de los precios superó el 20%
González ha apuntado además que alrededor del 40% de los asalariados no sólo es que no pueden acceder a una vivienda en propiedad sino tampoco pueden optar al alquiler privado. Esto se traduce en el aumento de lanzamientos judiciales derivados de impagos de alquileres: en 2017, casi ocho de cada diez lanzamientos fueron consecuencia derivada de la LAU.
La oferta de viviendas en alquiler se ha visto disminuida por varios factores: las destinadas a alquileres turísticos, la venta de pisos por propietarios que alquilaron durante la recesión y el incremento de la compraventa para invertir, ha enumerado. Según datos aportados por los socialistas, entre 2014 y 2017 el aumento acumulado de los precios superó el 20%. Todo ello unido a la escasez de un parque público de vivienda de arrendamiento.
La proposición conjunta de Ahora Madrid y PSOE ha conseguido que el Pleno inste a la Comunidad a que elabore un plan regional de vivienda 2018-2021, sobre la base de un gran acuerdo por la vivienda protegida con todos los agentes públicos y privados. Para ello sería necesario elaborar un programa de suelo para producir viviendas protegidas para que en el próximo cuatrienio cubran el 60% de la demanda de nuevos hogares.
Otra de las medidas aprobadas es la promoción de un parque público de viviendas en alquiler con rentas de arrendamiento en torno a los 300 euros para alcanzar el 10% del parque inmobiliario de la región.
Además plantean un plan de rehabilitación para acabar en ocho años con las más de 160.000 infraviviendas de la Comunidad y para sacar al mercado las 263.000 viviendas desocupadas que calculan que existen en la región.
Al Estado le piden la modificación de la LAU "restableciendo la estabilidad temporal razonable en la duración contractual que llevaba más de dos décadas rigiendo, además de retornar al IPC como índice de actualización anual frente al sistema actual, que permite una "negociación desigual entre propietario y arrendatario.
También se plantea al Estado la puesta en marcha de una batería de reformas fiscales para incentivar la puesta en alquiler de viviendas vacías; la reorientación del Plan Estatal 2018-2021 y líneas de financiación desde el ICO para la promoción de un parque público de vivienda.
El concejal de Cuidadanos Bosco Labrado ha preguntado a Ahora Madrid qué han hecho para mejorar el alquiler, después de que "el órgano asesor de la vivienda no se haya reunido ni una vez, no han terminado ni una de las 4.200 viviendas prometidas, sólo han comprado 22 viviendas de las 450 prometidas y la mitad de las 300 viviendas de la SAREB están ocupadas". En la misma línea ha ido el concejal del PP Orlando Chacón, que ha criticado que Ahora Madrid haya paralizado actuaciones como el Sureste.
