Madrid
El PP no se opondrá frontalmente a la exhumación de los restos de Francisco Franco porque el partido "no va a defender a un dictador". Lo ha dicho el líder del partido, Pablo Casado, en varias ocasiones, y este martes lo reafirmaron miembros de su Ejecutivo. Sin embargo, el partido se guarda la baza de 'torpedear' el decreto ley que ultima el Gobierno -y que previsiblemente se aprobará el viernes en Consejo de Ministros- llevándolo al Tribunal Constitucional.
Este martes el Ejecutivo confirmaba que se había decantado por la fórmula del decreto ley para hacer una concisa modificación de la Ley de Memoria Histórica y así blindar jurídicamente la iniciativa, evitando en lo posible litigios con los familiares de Franco. Este decreto deberá ser convalidado por mayoría simple (más votos a favor que en contra) en el Congreso cuando arranque el período de sesiones, es decir, a partir de la segunda semana de septiembre. Se prevé que el PSOE cuente con el apoyo de sus socios de la moción de censura -Podemos y PNV se han pronunciado hoy en sentido favorable-, si bien ERC y el PDeCAT han pedido anular todas las sentencias del franquismo para dar su apoyo.
El partido de Gobierno parece que no contará con el apoyo de Ciudadanos. El partido de Albert Rivera no ha dejado de cuestionar que se haga debate político con esta cuestión y este mismo miércoles el líder de la formación ha enfatizado que Cs no va a apoyar la convalidación del decreto, siendo su posición más probable la abstención. Esta postura choca con lo votado por el partido en la proposición no de ley que el año pasado aprobó la Cámara Baja para exhumar a Franco, donde se pronunció afirmativamente.
Sin embargo, el gran escollo que puede encontrarse Pedro Sánchez -salvado el de la Iglesia, que deja el asunto en manos del Gobierno, como ha señalado el Arzobispado de Madrid- es el PP. Aunque los votos en contra del partido no serían suficientes como para paralizar la aprobación del decreto incluso sumando los de Cs, los 'populares' serían, en teoría, los únicos que podrían recurrirlo.
El hecho de que la iniciativa se lleve a cabo mediante decreto ley imposibilita en principio que los particulares se querellen contra ella, si bien la Fundación Franco alega que sí podría haber una querella: "Un cadáver pertenece a su familia y una exhumación sin el permiso de la familia es una profanación, que es un delito y habría una querella".
Génova aseguró primero que no plantearía batalla, pero ahora no descarta recurrir la medida si aprecia que es de dudosa legalidad
En todo caso, al ser considerado el decreto un acto con fuerza de ley, habría que presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, algo que en este caso sólo podrían hacer el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados del Congreso o 50 senadores. Por tanto, sólo el PP podría recurrir la norma y obstaculizar así la exhumación -Ciudadanos no podría, aunque esté en contra del texto-.
Desde el Ejecutivo confían en que el PP no llegue tan lejos al entender que significarse muy en contra en este tema sea perjudicial para sus intereses electorales. Fuentes del partido aseguraban ayer a elEconomista.es que el partido no prevé votar a favor, como ha confirmado esta mañana el secretario general, Teodoro García Egea. La formación se abstuvo en 2017 con la proposición no de ley sobre el tema, que posteriormente el Ejecutivo de Mariano Rajoy no materializó.
Ayer Casado no quiso aclarar la postura parlamentaria del partido y se limitó a criticar a Sánchez por "reabrir viejas heridas que no conducen a nada". El líder del PP propuso "mirar al futuro y en lo que tiene que pasar en España en los próximos 40 años y no en lo que ocurrió hace 40 años" y ensalzó a la Transición española por ser "ejemplar".
La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, por su parte, aseguró que el partido no planteará batalla con el tema y supeditó su voto en el Congreso a leer el texto del Gobierno. Sin embargo, poco después, el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, advertía de que revisarán la legalidad del decreto ley porque "vulnerar" la ley "no es asumible por ninguna sociedad democrática o un Estado de derecho".
"Espero que al menos el Gobierno cumpla la legalidad y que por tanto en las acciones que pueda emprender no tengamos que hacer ningún tipo de actuación porque se vulnere la ley", subrayó Cosidó, quien apuntó que, cuando se ha producido "una manifiesta ilegalidad" -como según él puede ser "modificar leyes a través de reales decretos"-, el PP "ha recurrido" -como en el caso de RTVE-. La Constitución prevé (Artículo 86) que el decreto ley se utilice en casos de "extraordinaria y urgente necesidad", coyuntura que en el PP no aprecian en este caso.
