El juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena no parece muy por la labor de aceptar la extradición de Carles Puigdemont desde Alemania únicamente por el delito de malversación. El hecho de que el tribunal alemán de Schleswig-Holstein se haya negado a entregar al expresidente catalán por el delito de rebelión ha provocado que el magistrado sopese una medida inusual: rechazar una entrega tras haberse cursado una euroorden.
Todavía no hay una decisión definitiva y el propio Llarena está esperando que le llegue la documentación del tribunal regional y le sea traducida al español para determinar de qué manera reacciona. No obstante, el hecho de que se trate de una decisión que el togado se esperaba hace que ahora mismo tenga sobre la mesa dos opciones que pasan por rechazar finalmente la entrega del político catalán, informan varios medios.
La primera opción consiste simple y llanamente en rechazar la entrega desde Alemania. Si esto ocurre, Puigdemont quedaría en libertad sin cargos en Alemania, pero correría el riesgo de que se activase una nueva euroorden contra él en el que caso de que viajase a otro país de la UE, comenzando de nuevo todo el proceso. Si decidiese volver a España, la orden de detención nacional que sigue vigente contra él provocaría que fuera inmediatamente encarcelado y juzgado por todos los delitos, esto es rebelión y malversación. De querer sortear a la Justicia española, el expresidente catalán tendría que seguir 20 años en el "exilio" -como él lo llama- hasta que prescribiera el delito de rebelión (artículo 131 del Código Penal) para volver sin riesgos al país.
La segunda opción de Llarena pasa por recurrir la decisión del tribunal alemán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y dejar la extradición congelada hasta que haya un veredicto. En caso de resolución desfavorable, el juez procedería igualmente a rechazar la entrega y se volvería al primer supuesto.
Desde el Supremo son conscientes de que, aunque sería el escenario más lógico y habitual, aceptar la entrega sólo por malversación comprometería todo el proceso. Llarena se vería impelido a levantar la suspensión de funciones de Puigdemont como diputado en el Parlament en menoscabo de los otros dirigentes en la misma situación.
Juzgar a Puigdemont sólo por malversación podría acarrear su pronta libertad provisional y que fuera investido de nuevo presidente de la Generalitat
Además, el Alto Tribunal se vería en la tesitura de juzgar por rebelión a algunos subordinados de Puigdemont cuando él estaría siendo juzgado sólo por malversación, con lo que ello implica: pena máxima de 12 años de prisión, rebaja de la pena si Puigdemont devuelve la cantidad defraudada y la posibilidad con esto último de una pronta libertad provisional que le permita ser investido de nuevo presidente de la Generalitat. Cabe recordar que otros exdirigentes soberanistas como el exconseller Santi Vila están procesado sólo por malversación y desobediencia y se encuentran en libertad.
A pesar de ello, si finalmente se optase por aceptar la extradición, cabría la posibilidad de juzgar a Puigdemont por rebelión una vez hubiese cumplido íntegra su condena por malversación. Habría que esperar 45 días a partir del cumplimiento de la misma o a que saliera de España y volviera a entrar para que se le juzgara por ese otro delito. Este supuesto se contempla en el artículo 92 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE.
Resuelva Llarena en el sentido que resuelva la cuestión, la extradición de Puigdemont en ningún caso se produciría de manera inminente. La propia defensa del expresidente catalán contempla recurrir la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein ante el Constitucional alemán para librarse también del cargo de malversación. Esta maniobra retrasaría meses cualquier decisión y confirmaría lo que ya es casi patente: que Puigdemont no se sentará en el banquillo al mismo tiempo que Oriol Junqueras y los otros dirigentes que sí están a disposición de la Justicia española.
Aunque el juez decretó esta semana la conclusión de sumario con vista a elevar la causa a la sala de enjuiciamiento, Llarena sigue teniendo competencia sobre Puigdemont y los otros fugados al haber abierto en su momento una pieza separada para ellos. Con esta medida, el magistrado evitó que el juicio oral contra los otros acusados no se retrase más por culpa de las decisiones de otras judicaturas europeas. Dicho juicio oral comenzará a finales de 2018 o principios de 2019 y deja en el foco a la Fiscalía, que deberá decidir si suaviza o no los cargos de los procesados.
