Política

Dimite el presidente de la Diputación de Valencia: "Podemos haber sido torpes pero no somos ladrones"

  • Se mantendrá como alcalde de la localidad valenciana de Ontinyent
  • Trabajadores de Divalterra denuncian "purgas y amenazas" de Rodríguez
Jorge Rodríguez con la Policía. Foto: Efe

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha presentado su dimisión en el cargo "convencido de su inocencia" tras ser detenido e investigado por malversación y prevaricación en la operación Alquería pero se mantendrá como alcalde en Ontinyent.

El anuncio lo ha hecho el propio Rodríguez en una rueda de prensa convocada al mediodía en la Diputación, donde ha explicado las razones para dimitir, que conlleva también la renuncia al acta de diputado provincial. "No voy a permitir que este asunto sea utilizado para dañar el Gobierno".

"Hace tres años asumí la presidencia de la Diputación desde la convicción de poder mejorar la vida de los ciudadanos [...]  y para acabar con la arbitrariedad y que la Diputación dejara de dar vergüenza", ha dicho. 

Sobre su detención, Rodríguez ha apuntado que "hasta el miércoles de la semana pasada creo que habíamos conseguido nuestros objetivos. Hemos trabajado siempre con una piedra en el zapato, pero nadie ha metido la mano. Podemos haber sido torpes pero no somos ladrones".

Rodríguez, que no ha aceptado preguntas "por el secreto de sumario", fue suspendido de militancia en el PSOE y como portavoz en el PSPV la semana pasada tras su detención. La decisión la ha tomado tras reunirse este fin de semana con el secretario general del PSPV, Ximo Puig, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la directora general de Vivienda y secretaria general de la formación en Ontinyent, Rebeca Torró, según recoge Europa Press.

Ha sido este lunes cuando ha hecho oficial el gesto: "Presento mi dimisión convencido de mi inocencia y la de mi equipo, pero convencido también de que mi continuidad al frente de la institución no puede contribuir hoy al cambio de percepción en el que tanto hemos trabajado a lo largo de este tiempo. Lo hago desde la lealtad a la ciudadanía que siempre ha guiado mis pasos, seguro de mi inocencia y seguro de que para demostrarla hoy es mejor estar fuera de la institución que dentro de ella", ha dicho.

Denuncias desde Divalterra

Trabajadores de Divalterra, la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia anteriormente denominada Imelsa, presentaron el pasado 28 de febrero una denuncia ante Fiscalía en la que acusan a Rodríguez y sus colaboradores de llevar a cabo una campaña de "acoso organizado" acompañada de "órdenes de despido, insultos, falsedades, vejaciones públicas, atentados al honor y a la ideología, y amenazas continuas" por advertir de "irregularidades" en el uso de fondos públicos.

Esta denuncia, según ha informado este lunes la Cadena Ser, sería el origen de la operación Alquería, la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal directivo de Divalterra, que la semana pasada llevó a la detención y posterior puesta en libertad del ya expresidente de la Diputación. También fueron detenidos su jefe de gabinete, Ricardo Gallego; el asesor Manuel Reguart; el asesor jurídico Jorge Cuerda; y los cogerentes de Divalterra, Xavier Simón y Agustina Brines. 

Según la Ser, la denuncia de los trabajadores de Divalterra, de 22 páginas y 57 puntos, describe cómo desde noviembre de 2016, Jorge Rodríguez, auxiliado por su asesor jurídico, Jorge Cuerda, y su jefe de gabinete, Ricardo Gallego, llevan a cabo una "campaña de acoso organizado" acompañada de "órdenes de despido, insultos, falsedades, vejaciones públicas, atentados al honor y a la ideología, y amenazas continuas".

Según los denunciantes, esa campaña se produce por el intento de Rodríguez y su equipo de "legalizar" siete contrataciones como cargos de alta dirección, repartidas entre tres puestos para el PSOE y cuatro para Compromís.

El objetivo de las amenazas serían los empleados públicos que basándose en una auditoría interna y en 12 informes alertaban de que estas contrataciones "a dedo" incumplían la ley, contravenían los principios de austeridad, eficiencia y transparencia, y suponían una malversación de caudales públicos superior a los dos millones de euros.

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