El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha coordinado hoy una operación contra la corrupción en la que ha sido detenido el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y otras cinco personas, ha informado el TSJCV. A última hora del día, el presidente del la Generalitat valenciana Ximo Puig decidió su cese.
La causa se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Además del socialista Jorge Rodríguez, se ha ordenado el arresto de otras cinco personas, todos empleados de la Diputación de Valencia, entre ellos el jefe de gabinete del presidente, han informado fuentes policiales.
"Tras un día difícil, en el que he compartido reflexiones con muchos compañeros y compañeras, voy a proponer al secretariado del PSPV la suspensión de todos sus cargos de Jorge Rodríguez", dijo Puig sobre un detención que entiende como "perjudicial para el esfuerzo que todos los valencianos y valencianas estamos haciendo para levantar la hipoteca reputacional, tras veinte años de gobiernos del PP". Su lugar lo ocupará posiblemente el hasta ahora vicepresidente Toni Gaspar.
En concreto, se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015. Las diligencias están secretas, según detalla el alto tribunal valenciano.
Las citadas fuentes han explicado que el objeto de la operación, en la que han participado agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desplazados desde Madrid, es la contratación de siete altos cargos cuyos nombramientos no pasaron por el consejo de administración de Divalterra.
La actuación se enmarca en la llamada 'operación Alquería', en la que agentes de UDEF han practicado hoy registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent y en la sede social de Divalterra (antigua Imelsa).
El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros investigados.
En el dispositivo, que se ha activado a las 07.30 de la mañana con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia.
Agentes de Policía custodian este martes la Diptuación de Valencia. Imagen: EFE Cs denunció la situación
El representante de Ciudadanos (Cs) en el Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Ochando, presentó el pasado mes de abril una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Valencia contra Jorge Rodríguez por presuntas irregularidades en los contratos de alta dirección.
La denuncia aludía a presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, administración desleal, delitos societarios, negociaciones prohibidas, ocultación de información y malversación de fondos públicos. En su escrito, Cs solicitaba a la Fiscalía que abriera diligencias de investigación penal para comprobar las presuntas irregularidades sobre contratos de alta dirección.
Según exponía en el escrito, en julio de 2015 el Consejo de Administración de Imelsa nombró dos gerentes -uno militante del PSPV y otro de Compromís- por contrato laboral de alta dirección; y cuatro meses más tarde, se realizó la contratación mediante libre designación de siete directores de área con el mismo tipo de contrato -tres del PSPV y cuatro de Compromís- "apartándose de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad".
Señalaba que cada uno de estos altos cargos cobra un salario anual de 50.000 euros más gastos de desplazamiento, comportando un coste/empresa de 75.000 euros al año.
El trasfondo de los contratos
Con estas contrataciones, de acuerdo a la denuncia, se pretendía por parte del Gobierno presidido por Rodríguez "evitar cumplir con la rigurosidad que exige el derecho administrativo para cubrir dichas plazas y, por tanto, a partir de un comportamiento injusto, se pretende eludir todos los principios constitucionales rectores de acceso al empleo público para, intencionadamente, elegir a aquellos que la gerencia decida por ser militantes de sus partidos, evitando con ello la convocatoria pública de la plaza".
Según varios informes, que acompañaban a la denuncia, esta relación laboral de altos cargos no debía considerarse de alta dirección y su contratación debía haber seguido los principios básicos establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Jorge Rodríguez, con agentes de Policía este miércoles. Foto: EFE
Además, se estimaba que antes de nombrar a estas personas ya se tenía pleno conocimiento de la ilegalidad de la decisión de la contratación. Es decir, "a sabiendas de su injusticia se dicta una resolución arbitraria por Rodríguez, pues el secretario general de la Diputación cuestionó en julio de 2015 esta situación".
Hasta marzo de 2018, se mantuvieron cuatro de los siete contratos supuestamente irregulares y se nombraron dos más recientemente, de los que uno no tomó posesión.
Con esta situación, se alega que "la contratación de los directivos se ha realizado de manera conscientemente ilegal y a sabiendas de su injusticia y arbitrariedad y contra los estatutos de la empresa pública y con perjuicio y menoscabo de los caudales públicos, lo cual supone una sustracción y malversación de fondos y desviación del destino de los mismos".
Dos altos directivos en 2018
La denuncia agregaba que en febrero de 2018 se acordó la contratación de dos altos directivos más al margen de los nombrados en noviembre de 2015 pese a informes en contra. Así, se estima que hay un "tráfico de influencias, una manipulación y una total falta de respeto y el más absoluto desprecio al derecho".
Además, según el escrito, y en base a los presupuestos de los últimos años de Imelsa, no existía un incremento de actividad ni presupuesto alguno que justificase la contratación de una cogerencia y de siete altos directivos, "cuyas contrataciones suponen una imposición de acuerdos abusivos continuados, despilfarro, desviación, sustracción y malversación". "La necesidad de las contrataciones no se justifica ni formal ni tácitamente, manifestándose un dolo en la decisión de especial gravedad", añadía.
Así mismo, apuntaba que "es posible que los altos cargos contratados por Imelsa realicen, de las retribuciones percibidas por la empresa pública, donaciones o aportaciones a sus partidos políticos por el mero hecho de haberlos enchufado en la empresa, aportaciones que, en todo caso, se obtienen de fondos públicos". "Esto supondría una reiterada sustracción de los fondos públicos, desviación del destino de los mismos y malversación de fondos de especial gravedad", finalizaba.
Sánchez: el PSOE aplicará el código ético
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que el partido aplicará su código ético a Jorge Rodríguez. "Déjeme verlo", ha contestado Sánchez a los periodistas en los pasillos del Congreso cuando le han preguntado si exigirá a Rodríguez que dimita, y a continuación ha añadido: "Por supuesto, aplicaremos nuestro código ético, como no puede ser de otra manera".
El Código Ético del PSOE establece que los militantes a los que se les abriera juicio oral por un delito relacionado con la corrupción serán suspendidos cautelarmente de militancia, y expulsados del partido en caso de que finalmente fueran condenados en sentencia firme.
Respecto a las personas que ostentaran un cargo o responsabilidad pública u orgánica vinculada al PSOE y que fueran imputadas por una resolución judicial, deberán dar cuenta de las acusaciones o delitos que se les imputan ante la Comisión Ejecutiva Federal. Este órgano trasladará esta información a la Comisión Federal de Ética y Garantías y, en su caso, a la Comisión de Garantías de Igualdad a fin de que, si es preciso, puedan adoptar o recomendar la adopción de "las medidas estatutarias oportunas en atención a los hechos y a su gravedad".
