Tan solo seis días después de tomar posesión de su cargo, el ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, presentaba su dimisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras haberse filtrado la existencia de dos sentencias condenatorias por delito fiscal en los ejercicios de 2006 a 2008 por el uso de una empresa para evitar pagar a Hacienda 256.778 euros. El gestor cultural José Guirao será el nuevo ministro de Cultura y Deporte.
En su despedida, a través de los medios de comunicación, el tertuliano dijo que no ha cometido ningún fraude fiscal, que está al corriente de sus pagos y acusó a una "jauría" de interesados de tratar de "minar la credibilidad y el proyecto del presidente (Pedro) Sánchez".
Huerta alegó en su defensa que la sanción, por sus declaraciones de impuestos, fue consecuencia de "un cambio de criterio" de Hacienda en retribuciones a periodistas y otros creadores.
Levantamiento del velo
Sin embargo, Hacienda comenzó a inspeccionar hacia 2006 a quienes habían constituido sociedades y se habían contratado como empleados con la única intención de pagar un tipo del 25% por el Impuesto sobre Sociedades en lugar de pagar un 43%.
Hasta la publicación de la Ley 46/2002, que modificó la Ley del IRPF, estas sociedades se conocían como sociedades transparentes, que se convirtieron en una autentica plaga. Por ello, esta norma vino a levantar el velo, lo que supuso que la Inspección de Hacienda a partir del 1 de enero de 2003 tuvo acceso a los datos de quienes eran los dueños de estas sociedades. La puerta ya estaba abierta para que las inspecciones se hicieran realidad, una vez que la Agencia Tributaria tuviese suficiente información para actuar.
A partir de ese momento, estos instrumentos de defraudación, sin ningún tipo de actividad societaria, pasaron a convertirse en simples sociedades limitadas.
La Legislación aplicable en estas épocas era la Ley General Tributaria de 2003 y la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, cuyo objetivo era evitar las pérdidas de recaudación que los acuerdos entre partes no independientes podían generar. Es decir, el caso de estas sociedades y de sus titulares contratados como empleados.
En estas fechas, la Dirección General de Tributos (DGT) del Ministerio de Hacienda emitió diversas consultas en las que avisaba a los contribuyentes de la ilegalidad de esta planificación fiscal que se había convertido en una auténtica moda entre los despachos de asesores fiscales para sus clientes artistas y deportistas de elite.| Sánchez prometió en 2015 echar de su equipo a quien utilizara el truco fiscal que usó Huerta.
Un plan en 2009
En una nota interna de la Inspección Financiera y Tributaria de la Aeat, de 26 de marzo de 2009, se indicaba que "se está detectando la utilización indebida de ciertos mecanismos por parte de algunos profesionales, con el objeto de minorar la base imponible susceptible de ser gravada" y se anunciaba el establecimiento del Programa 12500, en el que se determinaba que se debían inspeccionar la mayoría de las sociedades profesionales. La nota añadía que se trata de "mecanismos que pueden ser utilizados en cualquier sector profesional, como son los dedicados a la prestación de servicios de abogacía, auditoría, consultoría, financieros, ingeniería, arquitectura, medicina, etc. y que permiten recibir retribuciones a través de sociedades interpuestas". No solo a periodistas y a creadores, como arguye Huerta.
Lo que sí hubo en 2012 es que estas actuaciones, que hasta entonces eran esporádicas, se incluyeron en el Plan de Control de la Aeat, lo que supuso su generalización.
En él se afirmaba que "se hará especial hincapié en la persecución de las conductas fraudulentas que generan alarma social. Entre ellas, cabe subrayar, en primer lugar, el empleo de facturas falsas con el fin de minorar el pago de impuestos. En segundo lugar, se perseguirán los entramados que abusan de formas societarias, mediante los cuales profesionales, artistas y deportistas utilizan sociedades para deducir indebidamente, a través de ellas, sus gastos particulares. Por último, serán objeto de un estrecho seguimiento las operaciones con pago de efectivo de elevado importe".
El Tribunal Económico Administrativo (TEAC), en una resolución de 2 de marzo de 2016 vino a ratificar las resoluciones previas de la DGT, al señalar que "cuando el servicio que presta la persona física a la sociedad vinculada y el que presta la sociedad vinculada a terceros independientes es sustancialmente el mismo y del análisis del supuesto de hecho se deriva que la sociedad carece de medios para realizar la operación si no es por la necesaria e imprescindible participación de la persona física, no aportando valor añadido -o siendo éste residual- a la labor de la persona física, es acorde con la metodología de operaciones vinculadas considerar que la contraprestación pactada por esta segunda operación es una operación no vinculada comparable, no siendo necesario incorporar una corrección valorativa por el mero reconocimiento de la existencia de la sociedad, y ello sin perjuicio de las correcciones que en aplicación del método del precio libre comparable proceda realizar por los gastos fiscalmente deducibles que se centralizan en la sociedad".
Màxim Huerta, a pesar de ello, anunció que dimitía, pese a que "no cometió ninguna ilegalidad ni defraudó a Hacienda", ante el "bombardeo" que ha sufrido durante las últimas horas por parte de una "jauría cuyo propósito es dañar al Gobierno de Pedro Sánchez".
El ya exministro y periodista lanzó duras críticas a los medios de comunicación, asegurando que "vivimos en una sociedad ahogada por el ruido, por la descalificación, donde las explicaciones ya no tienen cabida; no importa que yo haya pagado una multa, lo que importa es el bombardeo, el ataque que va contra mí".
Matizó el ministro dimisionario que solo le impusieron una multa que pagó, pero ocultó que se salvó de ser acusado de delito fiscal porque no ingresó lo suficiente en ninguno de los ejercicios sancionados ni superó los 120.000 euros de fraude. Sí, por el contrario, insistió en que es "absolutamente inocente" y en que ama la "cultura y la transparencia", razones en las que sustentó su decisión final de renunciar.
"Lo sabéis, buscan minar el proyecto de regeneración y de transparencia del presidente Sánchez; no voy a permitirlo", sentenció en su comparecencia frente a los periodistas, de quienes no aceptó preguntas. "Corren nuevos tiempos en los que los inocentes prefieren irse antes de que cualquier sombra de sospecha salpique a los que quieren poner un nuevo rumbo" y "aire fresco", concluyó.
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