El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no quiere más noes de la justicia de los países en los que se refugian algunos de los encausados por el desafío independentistas. Por eso este jueves ha enviado una carta (.pdf) a la fiscal jefe del tribunal alemán de Schleswig-Holstein en la que advierte de que el auto de procesamiento contra Carles Puigdemont y otros investigados del procés en los que se basa la euroorden (OEDE) cumple con los requisitos exigidos y es equiparable a una orden de detención. El Supremo confirma la prisión a Forcadell, Turull, Rull, Romeva y Bassa.
Pendiente del pronunciamiento sobre la entrega del expresident Carles Puigdemont, Llarena prepara el terreno de la decisión del tribunal alemán para evitar un error en la interpretación como el que alegaron las autoridades belgas al rechazar el miércoles la entrega de los exconsejeros catalanes huidos Meritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig por un defecto de forma en las euroordenes emitidas. Tras esta decisión de la justicia de Bélgica, el abogado de Puigdemont en el país germano, Wolfgang Schomburg, emitió un recurso a las autoridades de Schleswig sobre el defecto de forma también en su auto de procesamiento.
En su carta a la fiscal, el magistrado explica que el tribunal de Bruselas que denegó la entrega de los otros dos exconsejeros investigados al igual que Puigdemont por rebelión y malversación de fondos públicos, basándose en que la OEDE no mencionaba ninguna orden de detención nacional previa a su emisión y que no consideran que el auto de procesamiento que contempla nuestro ordenamiento jurídico fuera equiparable a esa orden de detención, pese a que el Tribunal Supremo español le informó de lo contrario.
Principio de confianza recíproca
Llarena considera contrario al principio de confianza recíproca que se valore la naturaleza jurídica de resoluciones previstas en el ordenamiento jurídico español y, en aras de "evitar alegatos de parte que puedan conducir al mismo error", informa a Alemania de que el auto de procesamiento se incluiría como una de las resoluciones judiciales previstas en el artículo 8.1 de la Decisión Marco del Consejo, según el cual, la información que debe contener una OED es "la indicación de la existencia de una sentencia firme, de una orden de detención o de cualquier otra resolución judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza prevista en el ámbito de aplicación de los artículos 1 y 2".
El magistrado también recuerda que el auto de procesamiento que sustenta la OEDE que ha cursado recogía los hechos y responsabilidades atribuidos a Puigdemont, una vez terminada la fase de investigación y se acordaba la medida cautelar de prisión que había sido adoptada al inicio de la misma.
A partir de ese momento, en España, añade Llarena, "dicha resolución es la resolución ejecutiva respecto de la prisión provisional de Carles Puigdemont". En virtud de esa resolución, Puigdemont sería inmediatamente detenido e ingresado en prisión si fuera encontrado en España o se procediera a su entrega, les recuerda también.
La Fiscalía le pide nuevos autos para Bélgica
Paralelamente, el Ministerio Público ha solicitado a Llarena que dicte un nuevo auto de mantenimiento y ratificación de la prisión provisional ya acordada contra los exconsellers catalanes huidos en Bélgica y que emita contra ellos nueva orden europea de detención y entrega.
La petición a Llarena se realiza pese a entender el Ministerio Público que el auto de procesamiento constituye título judicial suficiente para fundamentar la emisión de la orden europea de detención y entrega de los tres fugados y satisface plenamente las exigencias previstas en la Decisión Marco que rige la tramitación de las euroórdenes.
