El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este lunes que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en los profesionales de la justicia en la comunidad autónoma en general, "todos saben" que el juez que dictó un voto particular en la sentencia del caso de 'La Manada', Ricardo González, tiene "algún problema singular" y opina que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debió actuar "preventivamente". Unas palabras que han provocado la indignación entre las distintas asociaciones de jueces y fiscales, que han pedido el cese del ministro.
"Me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, el Consejo no actúe y luego se produzcan resultados singulares. Eso se podría haber evitado", ha señalado en declaraciones a Cope .
Catalá ha reconocido que no conoce a ese juez personalmente, pero ha insistido en que "todos lo saben, los jueces". "Hay 5.400 jueces magníficos profesionales pero como en todas las corporaciones, hay algunas personas que tienen dificultades", ha señalado.
"El Consejo tiene una labor de organización y tutela de la carrera judicial -prosigue Catalá-. Es un asunto muy delicado e insisto en que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en Navarra conocen muy bien esta situación y el Consejo tenía que haber actuado preventivamente".
No se trata, según ha matizado, de decirle al CGPJ "que sancione a un juez por emitir un fallo o un voto particular", algo que hace "en ejercicio de sus funciones", pero sí de recordar que "la independencia del poder judicial se fortalece con el reconocimiento de la calidad de todos los miembros de la carrera" y "en eso el Consejo tiene una responsabilidad".
En esta línea, ha afirmado que sería por su parte una frivolidad afirmar sin más datos, que ese juez debería estar inhabilitado y ha incidido en que "la labor del Consejo es asegurar que quien ejerce la jurisdicción está en pleno ejercicio de sus facultades". "Esa labor la tiene que ejercer. A mí me han dicho que es una persona que ha tenido algunos expedientes, que tiene algún problema", ha añadido.
Además, Catalá ha criticado el voto particular que emitió este magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra y en el que pedía la libre absolución pues no encontraba que estuviera probado el abuso sexual continuado por el que condenaba el resto del tribunal.
Sancionado cuatro veces
El juez Ricardo González se encuentra en el epicentro del rechazo social a la sentencia a 'La Manada' en base a los hechos ocurridos en los sanfermines de 2016. El extenso voto particular del magistrado pidiendo la absolución de los acusados y reflejando con duras expresiones lo que a su entender era el consentimiento de la víctima han provocado ahora que su trayectoria jurídica sea cuestionada.
Además, en los últimos días y horas se ha conocido que fue sancionado hasta en cuatro ocasiones por retrasos en sus resoluciones entre finales de los años noventa y el 2000, cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao.
Según las sentencias del Tribunal Supremo, las sanciones impuestas sumaron más de 350.000 pesetas de multa y una de ellas supuso la suspensión por un periodo de seis meses por la comisión de una falta muy grave de retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución de procesos. Antencedentes a los que se refiere Catalá en su entrevista de este lunes.
Los jueces piden el cese del ministro
Las siete asociaciones de jueces y fiscales han solicitado hoy en bloque la dimisión del ministro de Justicia por sus declaraciones. En un comunicado conjunto, las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales consideran que las manifestaciones de Catalá representan una intromisión del Gobierno en las resoluciones judiciales, cuando, a su juicio, simplemente se debería limitar a "respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones".
"La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia", opinan las asociaciones.
Creen que Catalá ha sembrado "públicamente dudas sobre la capacidad y condición" del juez. El "verdadero peligro", sostienen las asociaciones, es "la utilización de las resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su labor".
La postura de Catalá, en calidad de máximo representante del Gobierno en este particular, ha ido endureciéndose cada vez más desde que se leyó la sentencia. Si en los primeros compases el titular de Justicia pidió respeto por las decisiones de los tribunales, según pasaban las horas y aumentaba la indignación en la ciudadanía Catalá se abrió a que los partidos cambiaran el Código Penal para evitar situaciones como ésta en el futuro.
El viernes el Gobierno anunciaba ya en Consejo de Ministros que se impulsaría una revisión del Código Penal para actualizar la tipificación de los delitos de agresión sexual y abuso. El propio Catalá aseguraba este fin de semana que el Ejecutivo tendrá "en semanas" una primera propuesta de reforma del Código Penal.
