El Gobierno va a revisar el Código Penal para valorar si es necesario actualizar la tipificación de los delitos de agresión sexual y abuso, después de la sentencia que condena a nueve años de cárcel a los cinco miembros de 'La Manada' por abuso al entender que no hubo violencia ni intimidación. La indignación lleva al Gobierno a buscar la reforma penal.
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha hecho el anuncio durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. "El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha informado de que se ha puesto en contacto esta mañana con la sección penal de la comisión general de codificación para valorar si la tipificación de estos delitos que datan del Código Penal de la época de Felipe González, 1995, está convenientemente reflejada en nuestro ordenamiento jurídico o es preciso una actualización de las mismas", ha señalado.
El Gobierno acata y respeta la sentencia de la Audiencia de Navarra, ha recordado, pero ha subrayado que no es firme y que caben recursos y que la Fiscalía ya ha anunciado uno. "El Gobierno siempre ha estado, está y va a estar con las víctimas", ha dicho para recordar el pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Según el Código Penal, la diferencia entre abuso y agresión radica en el empleo de violencia para cometer el acto sexual. No hay consentimiento en ninguno de los casos, pero el matiz entre uno y otro está en la fuerza física y en la intimidación. La agresión sexual conlleva más pena cuando hay penetración. Nada de esto se aprecia para los jueces que dictaron la sentencia en el vídeo de 96 segundos grabado en el portal mientras se cometían los hechos, por eso, el fallo condenatorio es por abuso.
Por otro lado, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha manifestado este viernes en relación con las fuertes críticas que ha merecido la condena por abuso sexual a miembros de La Manada por la Audiencia de Navarra que cuando las críticas a las resoluciones judiciales consisten en descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas, "se compromete gravemente la confianza que el sistema de justicia merece de los ciudadanos", debiendo recordarse que "es nuestra Constitución la que establece una justicia impartida por jueces y magistrados profesionales, independientes e imparciales".
Según Lesmes el tribunal ha valorado "minuciosamente", en relación con los hechos imputados, todos los elementos de prueba aportados por las partes "de acuerdo con lo establecido en la ley y de conformidad con la jurisprudencia que resulta de aplicación, siendo éstos los únicos criterios a los que están sometidos los jueces" sin perjuicio de las posibles discrepancias que puedan existir sobre la calificación jurídica de esos hechos.
