El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha elegido a un profesor de Derecho Administrativo de su confianza para que sea el responsable en funciones del Instituto de Derecho Público (IDP) del centro después del escándalo con el máster de Cristina Cifuentes y la suspensión del hasta ahora director, Enrique Álvarez Conde.
Según informan diversos medios, esta elección del rector en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno celebrada este martes llega después de que varios catedráticos de Derecho hayan rechazado asumir la dirección del Instituto aunque sea en funciones.
Encabezar, aunque sea provisionalmente -habrá elecciones para elegir al nuevo responsable-, el órgano que dio el máster a la presidenta de la Comunidad de Madrid y que se ha visto envuelto en la polémica no es plato de gusto para ningún acreditado docente.
El encargado de asumir la difícil tarea será Pablo Acosta, profesor titular de Derecho Público y Ciencia Política que se incorporó a la URJC en 2004. Acosta también es secretario de la Facultad de Derecho y cuenta con un sexenio investigador y cuatro quinquenios como complementos de productividad, según la web de la universidad.
Un bagaje insuficiente para ocupar tal cargo según rezan los Estatutos de la universidad. En el artículo 104 de los mismos se recoge que todo director de un Instituto Universitario de Investigación debe acreditar "un mínimo de dos períodos de actividad investigadora y tres períodos de actividad docente". Acosta sólo tiene uno, el citado sexenio.
Medidas urgentes
El pasado 13 de abril, Ramos, decidió suspender de sus funciones como medida cautelar a Álvarez Conde de la dirección de este organismo y se le abría expediente disciplinario "por irregularidades graves", además del "incumplimiento de la obligación de remitir memoria de actividades, gestión y cuentas" del Instituto que dirigía, pese a haberles sido requeridas.
Además, adelantó entonces el inicio de auditorías de todas las actividades relacionadas con los institutos y centros propios de la universidad. El objetivo de esta medida es verificar que todos los procesos relacionados con la gestión académica y económica se llevan a cabo cumpliendo la legalidad vigente y la ética profesional.
La que era subdirectora del IDP, Laura Nuño, presentó su dimisión tras la polémica desatada por el máster de Cifuentes. La propia docente explicó que la renuncia se formaliza por una "crisis de confianza" y que se trata de una decisión personal tras conocer las informaciones sobre presuntas irregularidades.
