El lunes de la semana pasada, el Grupo Socialista anunció su marcha de la subcomisión de Educación si el partido en el Gobierno no se comprometía a garantizar el gasto del 5 por ciento del PIB en Educación. La noticia pillaba al PP fuera de juego, tras largos meses de trabajo con todas las formaciones, y, habiendo recogido las recomendaciones e informes de 82 comparecientes. De hecho, todo hacía prever que el cierre del Pacto Social y Político de la Educación llegaría en primavera. No en vano, y tras levantarse de la mesa, el Grupo Popular ha dejado abierta la puerta al PSOE ,invitándoles a volver esta semana.
El peso de los socialistas es mollar para sustanciar un pacto de Estado de este calado. El PP, confirman ellos mismos, no puede articular un acuerdo sin el PSOE, porque es un partido que representa a muchos españoles y gobierna en muchas comunidades. Por eso se sienten pesimistas. Creen que el PSOE no le va a brindar más apoyos a partir de ahora. "Esta huida -sostiene a elEconomista un destacado representante parlamentario- adivina cálculos electoralistas. Son ganas de resaltar, de agitar la calle y de mirar a Podemos". Detrás de la "excusa" a la subcomisión de Educación y de la "huida indefinida" de la subcomisión de Justicia, sumando la actitud que los socialistas mantienen desde hace algunas semanas en el Pacto de Toledo -proponiendo indexar la subida de las pensiones al IPC y saliéndose del protocolo de la comisión de seguimiento-, se vislumbra un plan de Pedro Sánchez, que pasa por reventar leyes como la Ley de Seguridad o la Lomce, los pactos de Estado formulados por el Gobierno, e incluso la reforma de la financiación autonómica y propiciar un adelanto electoral. "Pero es un error -mantienen las fuentes consultadas-. Vamos a agotar esta legislatura hasta el final".
La huida socialista
El Partido Popular tiene un serio problema en el Congreso. El Partido Socialista, la principal fuerza de la oposición parlamentaria, parece que decidida a cercenar cada uno de los movimientos de la formación en el Gobierno. Eso explicaría la huida del PSOE, por ejemplo, de la subcomisión de Educación. Desde el Grupo Popular fundamentan, que lo mismo le hubiera dado al PSOE pedir el 5 por ciento del PIB que el 7. Es una excusa, porque, a ese porcentaje hay que sumar después todo lo que acuerde la subcomisión (el coste de la educación gratuita de 0 a 3 años, el MIR educativo, la FP, medidas excepcionales para la equidad). Además, aclara otro diputado del Grupo Popular, la Educación se financia con un porcentaje que procede del Ministerio de Educación, después están las transferencias que el Estado hace a las Comunidades Autónomas, y por último están los recursos propios de las administraciones autonómicas. En la actualidad, detalla la misma fuente al respecto, el capítulo de transferencias -que incluye partidas para Sanidad, Educación y Servicios Sociales- no es finalista. Es decir, hablamos de un partida global que cada administración reparte como considera conveniente. Pues bien, puntualiza el PP, una actuación de ese tipo, obligaría -lo que estaría muy bien-, a una dosis de transparecencia por parte de las CCAA. Porque de ese modo las partidas serían finalistas. Así sabríamos cómo se invirtieron los 4.500 millones de euros que Cristóbal Montoro envió a las CCAA en junio de 2017,cuando mejoró la recaudación. Sabríamos qué cantidad de dinero destinó Andalucía a Educación.
En cualquier caso, redunda otro dirigente, el comportamiento de Pedro Sánchez es "la operación de un irresponsable", y sobre todo una "falta de respeto" a las personas e instituciones que durante seis meses han ayudado a los trabajos de la subcomisión, a la que todavía siguen llegando las propuestas de especialistas. Lo importante -determinan PP y C's- no es fijar cantidades en torno al PIB, sino tener en cuenta la ratio del número de alumnos y la situación económica del momento. Dada la política de transferencias, la ruptura del pacto educativo afecta al de la financiación autonómica, aparcada hasta que se despeje la incógnita catalana.
De Toledo a Guindos
Otro de los puntos de enorme fricción entre el PP y PSOE, que este miércoles se escenificará en el debate sobre pensiones que tendrá lugar en el Congreso, ha venido por la ruptura en la comisión de seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo. Hasta hace poco tiempo, las informaciones aventuraban un posible acuerdo entre los dos grandes partidos en materia de pensiones, siguiendo las recomendaciones técnicas. Pero hoy este pacto está resquebrajado.
Las primeras grietas surgen cuando el PSOE plantea, fuera del pacto firmado en 1995 a instancias de Convergencia, dos impuestos a la banca para sufragar el incremento de las pensiones aplicando la fórmula de indexar la prestación al IPC de manera anual. Contrario a ello, Cristóbal Montoro defiende relacionar las pensiones al crecimiento económico, por cierto, tal y como ha hecho en el reciente acuerdo alcanzado con los funcionarios del Estado.
Este miércoles, Rajoy tratará de explicar en el Congreso cómo se pagan las pensiones, de dónde sale el dinero, qué han hecho otros gobiernos y que hace el suyo. El PP discute la propuesta de Pedro Sánchez y mantiene en sus argumentos que con la recomendación número dos del Pacto de Toledo, es decir, vincular las pensiones al IPC, lo único que ha logrado esta reforma es que caiga en un 10 por ciento la tasa de sustitución.
Claro que las pensiones puede que no sea la última ofensiva. Los socialistas se preparan para dejar de nuevo en evidencia a Luis de Guindos. Aunque su voto no sea vinculante, insisten en pronunciarse en contra, mientras el PP cree que esta estrategia del PSOE es una lectura política equivocada, con el convencimiento de que habrá adelanto electoral.