Diversas asociaciones de jueces coinciden en que un intento de investidura telemática de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat tiene una base jurídica cuestionable, que con toda probabilidad desembocará en recursos y su suspensión, además de poder constituir de nuevo un presunto delito de prevaricación por parte de la Mesa del Parlament. Puigdemont quiere volver a España como president.
Ignacio González, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, explicó a Europa Press que el pacto alcanzado por JxCat y ERC para la formación de la Mesa del Parlament implicaría una reforma previa del reglamento de la cámara regional, que el Gobierno recurriría ante el Tribunal Constitucional -el PP ha dicho que combatirá la investidura a distancia por todos los medios posibles-, quedando automáticamente suspendida.
Ello impediría durante meses la formación de un nuevo Govern -hasta que el Constitucional se pronunciase- y la prolongación de la aplicación del 155. Y si se produjese un desacato de la suspensión del alto tribunal, implicaría la vuelta a un escenario de ilegalidad contrario a la Constitución, según el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez.
El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Raimundo Prado, advirtió sobre las consecuencias que tendría una interpretación "torticera" del reglamento de la Cámara autonómica, de forma que exceda lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, ya que puede constituir prevaricación.
A falta de menos de una semana para la sesión de constitución del Parlament de la nueva legislatura, ERC se está posicionando para maximizar su peso en las instituciones autonómicas y, aunque ha pactado con JxCat para controlar la Mesa del Parlament, sigue dando largas a un apoyo de investidura a distancia de Carles Puigdemont, a la espera de lo que decidan los letrados de la cámara catalana, que parecen inclinarse hacia una investidura presencial a falta de informe oficial.
Los republicanos no parecen dispuestos a forzar la interpretación del reglamento y se preparan para ofrecer una alternativa al líder de JxCat. Ayer, Oriol Junqueras, en prisión provisional, solicitó al Tribunal Supremo el traslado urgente a una cárcel catalana y permisos para acudir a las sesiones de constitución del Parlament e investidura de president de la Generalitat.
Desde la CUP, Carles Riera dijo que no serán un impedimento a constituir un Gobierno independentista, pero criticó que Puigdemont "se retiró de la materialización" de la república catalana el 28 de octubre y los cupaires no van a aceptar que vuelva a ocurrir esta legislatura. Asimismo, apostó por volver "a un ciclo de movilizaciones sociales y protagonismo de la calle", lo que también defiende la ANC.
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