El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, mantuvo una reunión el pasado jueves con los máximos cargos de los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil para conocer los detalles de sus acciones para frenar el referéndum del 1-O.
Según relata el diario La Vanguardia, también anunció que los Mossos pasarían a estar bajo el mando del Ministerio de Interior, para facilitar la coordinación entre los distintos cuerpos. Josep Lluís Trapero, jefe de la policía catalana, pidió que esa orden se diera por escrito y se mostró contrario a que un teniente coronel de la Guardia Civil, número tres en el Ministerio de Interior, pasara a liderar sus acciones.
Los Mossos rechazan tener que depender de una coordinación de un cargo político, y han argumentado que sea la Junta de Seguridad de Cataluña el órgano que tome las riendas de la coordinación entre las distintas policías y la Guardia Civil.
Una nueva reunión con el fiscal superior de Cataluña ha sido convocada para este sábado donde Trapero expondrá la opción alternativa, preferida por los Mossos, para evitar que Interior les tutele. En esta misma reunión, el fiscal podría aportar la orden por escrito de Interior sobre la nueva dependencia de la policía autonómica catalana que fue solicitada por Trapero.
Los sucesos del pasado miércoles frente a la Conselleria de Economía en Barcelona, que mantuvieron casi 24 horas retenida a una veintena de agentes de la Guardia Civil en el edificio sin que los Mossos les facilitaran una salida con seguridad hasta horas más tarde podría estar detrás de esta nueva decisión.
Despliegue completo cuatro días antes del 1-O
Por otra parte, el Ministerio del Interior dispondrá desde este miércoles, cuatro días antes del referéndum convocado para el 1 de octubre por la Generalitat de Cataluña, de todos los efectivos movilizados por el Gobierno para el dispositivo sin precedentes ante el desafío independentista, han informado a Europa Press fuentes policiales.
El Gobierno ha utilizado barcos para alojar a los agentes que integran el amplio dispositivo de seguridad, de unos 4.000 efectivos, que han sido desplazados de forma escalonada a Cataluña desde todos los puntos de España. Sin entrar en detalles operativos, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha calificado el desplazamiento de "proporcionado, razonable y discreto".
Zoido envió este viernes una carta al consejero del Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, en la que se limitaba a informar del refuerzo policial -no especificaba número de agentes- para "apoyar a los Mossos d'Esquadra en el mantenimiento del orden", aplicando para ello el artículo 38.2 de la Ley Orgánica 2/1986 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En un artículo en 'The Guardian', el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se mostró molesto por las detenciones y registros ordenados por el juez, llamando a la Guardia Civil "policía paramilitar". El consejero Forn denunció en esta línea la ofensiva "por tierra, mar y aire" y alertó de que el Gobierno quiere llevar a cabo una "intervención directa" de los Mossos aplicando un artículo de la Ley 2/1986, el 46, que el ministro del Interior no cita en su carta del viernes.
La diferencia entre los artículos 38.2 y 46 es que el primero regula la colaboración entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los Mossos, mientras que el segundo recoge que cuando "concurran simultáneamente miembros o unidades" de ambas policías (estatales y autonómicas), "serán los mandos de los primeros los que asuman la dirección de la operación".
Interior ha fletado tres ferris en los que alojar a los agentes antidisturbios que se han ido trasladando a Cataluña como refuerzo a los casi 6.000 agentes que forman parte de la plantilla de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña. Su misión es apoyar a los Mossos en el mantenimiento del orden "dada las movilizaciones tumultuarias de apoyo al referéndum", siguiendo el llamamiento de los impulsores de la consulta ilegal.
Entre los agentes movilizados de todos los puntos de España se encuentran efectivos de Información y de Policía Judicial de la Policía, así como de la Unidad de Intervención Policial (UIP). También se han desplazado a Cataluña agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR), la Unidades de Reserva y Seguridad (GRS) y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil.
La excepcionalidad de la situación tras la desobediencia al Tribunal Constitucional de los independentistas ha llevado a Interior a cursar una instrucción que modifica el régimen de vacaciones, permisos, licencias, jornada y horarios del personal que participa en el dispositivo extraordinario. Interior asegura que se podrá prorrogar el período de vigencia de la orden si las circunstancias así lo aconsejaran.
Las direcciones generales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han informado a las asociaciones y sindicatos de ambos Cuerpos de esta instrucción por la que se suspenden las libranzas entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre, aunque ampliable si las circunstancias así lo aconsejasen.