La Fiscalía General del Estado ha presentado este viernes ante la Audiencia Nacional una denuncia por delitos de sedición a raíz de los altercados derivados de las concentraciones que se llevan produciendo en Barcelona y otras poblaciones a raíz del estallido de la operación contra cargos de la Generalitat responsables del 1-O. Interior comunica a la Generalitat el envío de refuerzos de Policía y Guardia Civil.
El Ministerio Público presenta denuncia contra a las "personas que han inducido, sostenido o dirigido estas actuaciones" pero también a la "existencia de un concierto de voluntades entre personas o entidades, públicas o privadas" que con sus actos hayan impulsado movilizaciones o "movimientos populares para imponer el referéndum independentista por la fuerza de la intimidación". En el escrito (.pdf) señala a los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómniun, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
En el texto de la denuncia se pide al juez que abra actuaciones por estos hechos y que dirija oficio a la Guardia Civil para que elabore un atestado con "todas las actuaciones llevadas a cabo para impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" en cumplimiento de las resoluciones dictadas por el juez de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.
Se trata del magistrado que ordenó la detención de cargos de la Generalitat responsables de la organización de la consulta ilegal del 1 de octubre.
Algunos de estos vehículos acabaron con las lunas rotas y repletos de basuras y desperdicios, y agentes de la Guardia Civil personados en la citada Consejería tuvieron que permanecer en su interior durante horas sin poder salir al no estar garantizada su seguridad.
Por el momento, la Guardia Civil ha abierto una investigación para revisar imágenes y estudiar la petición de responsabilidades individuales a quienes atacaron sus coches oficiales, incluyendo algunos camuflados. Los mayores daños los sufrieron tres todoterrenos aparcados frente a la sede de la Consejería de Economía con los que se cebaron los numerosos independentistas descontentos con la actuación judicial.
Un delito singular
El Código Penal castiga en su artículo 544 con hasta 15 años de cárcel a quienes "se alcen pública y tumultuariamente" para "impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes", o para "impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales". La competencia para investigar estos hechos corresponde a la Audiencia Nacional.
En este órgano existe un precedente reciente, del pasado mes de abril, cuando la Audiencia Nacional archivó una causa contra el concejal de la CUP en Vic (Barcelona) Joan Coma por un delito de incitación a la sedición. Se le investigó concretamente por llamar a la desobediencia durante un pleno de diciembre de 2015, en el que el consistorio mostró su apoyo a la proclamación del Parlamento catalán de inicio de la 'desconexión' de Cataluña con el resto de España.
Finalmente, el juez Central de Instrucción número 2 Ismael Moreno estimó que no se le podía atribuir sedición y decidió inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción de Vic (Barcelona) por posibles delitos de desobediencia y prevaricación.
