El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado este viernes que el Consejo de Ministros ha acordado recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Transitoriedad Jurídica aprobada el jueves por el Parlamento de Cataluña, igual que un día antes decidió recurrir la ley del referéndum secesionista y su convocatoria para el 1 de octubre. Así es la ley de transitoriedad: las principales claves de la norma.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha dicho que al Gobierno le sorprende que la Ley de Transitoriedad, que pretende ser "la norma del ordenamiento jurídico catalán" hasta que se apruebe una "Constitución de la República catalana", no recoja el "derecho a decidir" en que basan su campaña los independentistas. "Parece ser que éste debe ser recogido a nivel estatal pero ni una palabra en esta ley", ha ironizado.
También ha comentado el hecho de que esa ley establece la subrogación de España en los tratados internacionales y el Derecho de la UE, "sin contar con España", y que el que regule una nacionalidad catalana independiente de la española, pero previendo la doble nacionalidad.
El Gobierno obtuvo este mismo viernes por la mañana el informe preceptivo del Consejo de Estado favorable a recurrir esta ley. A la espera de que la nueva norma se publique oficialmente, requisito necesario para su entrada en vigor, lo que ha hecho el Consejo de Ministros es autorizar al presidente Mariano Rajoy a presentar el recurso.
El Consejo de Ministros también ha autorizado a Rajoy, como estaba previsto, a recurrir ante el Tribunal Constitucional un artículo de la ley del código tributario, puesto que "el Gobierno catalán trata de impulsar una Agencia Tributaria Catalana y convertirla en una Hacienda propia".
Méndez de Vigo ha recalcado que ese código tributario, aprobado por Junts pel Sí y la CUP "con el rechazo del Consejo de Garantías Estatutarias", pretende "vulnerar competencias exclusivas del Estado para la garantía de la igualdad de todos los españoles". "El Estado da una respuesta rápida y eficaz a todos los intentos de vulnerar el orden constitucional; lo ha hecho y lo seguirá haciendo", ha remachado el portavoz del Gobierno.
Hacienda apercibe a la Generalitat
Por otra parte, y también desde el Gobierno, se ha solicitado a la Generalitat explicaciones sobre el dinero utilizado para la ejecución de la web y del anuncio creados para la promoción del 1-O. Así, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que su departamento ha remitido a la intervención Generalitat un apercibimiento para explique la web de promoción del referéndum ilegal así como el vídeo que anima a votar el 1 de octubre, y que justifique cómo ha sufragado estas acciones.
En declaraciones a los periodistas antes de intervenir en la reunión intermunicipal del PP, Montoro ha subrayado que el Gobierno "está en condiciones de garantizar que no se va a utilizar un solo euro de dinero público" de la Generalitat en el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Por eso, ha continuado, el Govern, "tendrá que justificar de dónde vienen los recursos" para este "primer paso de promoción" del referéndum que ha puesto en marcha y ha recordado que el uso de dinero público con este fin es ilegal como lo es la propia consulta.
