El Parlament de Cataluña ha aprobado este miércoles la ley de referéndum que permite convocar el 1-O, tras lo que el Govern en pleno ha firmado el decreto de convocatoria del referéndum. La votación se ha producido después de que JxSí y la CUP lograran que se aprobase un cambio del orden del día del pleno para que se incluyese el debate y la aprobación de la ley, así como la exención de trámites parlamentarios para ello.
La votación se ha celebrado sobre las 21.30 horas, después de una larga y tensa sesión que ha empezado a las 10:00 horas de la mañana y ha terminado con 72 votos a favor (Junts Pel Sí, la CUP y un diputado no adscrito, Germà Gordó), 11 abstenciones (SiQueEsPot) y 52 ausencias, debido al abandono del hemiciclo de los diputados de PP, C's y PSC.
JxSí y la CUP han sacado adelante esta iniciativa pese a las varias advertencias que han tenido en contra: el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido al Tribunal Constitucional que anule la tramitación y la Fiscalía Superior de Cataluña ha anunciado una querella contra Carmen Forcadell y el conjunto de miembros y miembras de la Mesa del Parlament, de la que es presidenta.
Tres horas. Ni un minuto más. Fue el plazo que los partidos independentistas dieron a la oposición para que presentaran enmiendas a la Ley del Referéndum. JxSí y la CUP, apoyados por la muy controvertida actitud de la presidenta del Parlament burlaron todos los procedimientos democráticos en la tramitación y aprobación de esta ley con la que tratar de dar amparo legal al 1-0, que nace muerta, porque será bloqueada por el Tribunal Constitucional por ir en contra de la Carta Magna.
La sucesión de acontecimientos previa al arranque del pleno ya anticipaba que Carles Puigdemont y la CUP iban a aprovechar su mayoría absoluta y el pasado independentista de Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán y antes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), para forzar su tramitación, a pesar de las advertencias de las propias instituciones catalanas contra los procedimientos utilizados. Así, a las 9 de la mañana la mesa del Parlament decidió tramitar la Ley del Referéndum. Este órgano parlamentario, presidido por Carme Forcadell y donde JxSí y la CUP cuentan con mayoría absoluta, había eludido valorar hasta ayer el texto, registrado en julio. Tras aceptarlo apenas una hora antes del pleno, bloqueando que los partidos de la oposición pudieran solicitar dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias, se ponía de manifiesto que este retraso había sido una estrategia para facilitar que JxSí y la CUP culminaran su golpe de estado jurídico.
La puesta en escena lo evidenció desde primera hora. Marta Rovira, portavoz de JxSí y secretaria general de ERC, solicitaba incluir la votación de la Ley del Referéndum, que se publicó en el Boletín del Parlament sin que intervinieran funcionarios, en el orden del día.
Además, tras pactarlo con la CUP, JxSí solicitó, asimismo, la votación de una moción para que esta ley se tramitara sin permitir las enmiendas a la totalidad y sin que los partidos de la oposición pudieran solicitar dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano jurídico que asesora a la Generalitat y al Parlament, "dado que las decisiones del Consejo no son vinculantes", señaló Rovira. La portavoz de JxSí, para preservar los derechos del resto de partidos, que representan al 52% de los votantes de las últimas elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, ofreció un plazo de dos horas para que los partidos presentaran enmiendas, que finalmente fueron tres. A partir de ese momento, la evolución del pleno se convirtió en una reclamación continuada del resto de partidos -C's, PSOE, CSQP y PP- para que se respetaran los derechos de las minorías parlamentarias, aunque mayoritaria en votos totales.
Carlos Carrizosa, portavoz de C's en el parlamento catalán, rogó a Forcadell que no actuara como "presidenta de la ANC, sino como la de todos" y velara por los derechos del resto de diputados. Por su parte, Joan Coscubiela señaló que el movimiento sentaba un precedente muy peligroso para la pretendida república, donde una mayoría absoluta podía quitar los derechos. "Plantean una desobediencia a toda la legalidad. Eso no es Democracia; eso tiene otro nombre", apostilló el portavoz de CSQP. Por su parte, el PSC y el PP anunciaron que se presentaría un recurso de amparo al Tribunal Constitucional porque entendían que sus derechos como diputados estaban siendo violados durante el pleno.
Desoír a las instituciones
Los dos partidos rupturistas y Forcadell impusieron su voluntad contra todas las advertencias de ilegalidad que llegaron desde las propias instituciones catalanas. Primero, la de los principales juristas del Parlamento catalán. Así, el letrado mayor y el el secretario general del Parlament, Antoni Bayona y Xavier Muro, advirtieron de buena mañana a Carme Forcadell de la ilegalidad de tramitar la Ley del Referéndum y emitieron un escrito en el que recordaban que la tramitación de la Ley del Referéndum significaba desobedecer al Tribunal Constitucional. Los miembros de la mesa que dieron luz verde a la tramitación de la proposición de ley y la presidenta del Parlament están citados directamente en el incidente de ejecución que ayer presentó el Gobierno español ante el Constitucional, según explicó la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría.
Carme Forcadell, antes del pleno, había tratado de cubrirse las espaldas, poniendo en duda la imparcialidad del Tribunal, anticipando su actuación. Por Twitter, anunció que había presentado ante el organismo -que ayer no se pronunció al respecto- una recusación contra todos los letrados por su falta de imparcialidad. De acuerdo con los abogados de la presidenta del Parlamento catalán, lo que se pretendía con la demanda era deslegitimar al Constitucional para que actuara contra la presidenta. "Les imposibilita a hacerlo", insistieron en una entrevista en Catalunya Radio.
La tramitación de una ley que implicaba desobediencia no fue la única advertencia que recibió Forcadell y la mesa independentista. También llegó desde el Comité de Garantías Estatutarias. Forcadell, durante el pleno, impidió a los partidos no independentistas solicitar el dictamen, alegando que ya se había votado y aprobado en el pleno, que era el órgano supremo. Sin embargo, a petición de C's y el PSC, el consejo señaló que el reglamento de la Cámara catalana amparaba a la oposición a solicitar su opinión. La mesa independentista del Parlamento y Forcadell, no obstante, obviaron considerar la opinión de esta institución y siguieron adelante con la votación, evitando que se pudiera solicitar el dictamen.
La CUP se lava las manos
Tras la declaración de intenciones de la CUP, en la que la diputada Anna Gabriel adelantó que la aspiración de su partido era instaurar en los Países Catalanes -donde se engloban además de Cataluña, a la Comunidad Valenciana, Baleares y una parte de Francia- una república socialista, también insistió en que con la aprobación de las leyes de ruptura "consideramos cumplido el principal mandato democrático de esta legislatura". Gabriel pasó la patata caliente al president Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras. "Ahora la responsabilidad es suya, señores. Si asumen su responsabilidad, estamos seguros de que la gente asumirá la suya, yendo a votar el 1 de octubre", insistió.
Tras la votación, la líder de C's, Inés Arrimadas, anunció que su grupo presentará una moción de censura para derribar al Gobierno de Puigdemont. Para sacarla adelante, buscará apoyos en la oposición y entre "los miembros descontentos de JxSí" a los miembros soberanistas de la Mesa.
