La sentencia del Tribunal Constitucional que considera inconstitucional el decreto que aprobó la amnistía fiscal ha revelado de manera sobrevenida una legión de admiradores y defensores de la labor del Alto Tribunal. Además de otras muchas cosas, que quedan escritas en un texto jurídico que desmonta uno por uno los motivos por los que el Gobierno aprobó como lo hizo un perdón sonrojante a un puñado de defraudadores que además tampoco pagaron lo que la disposición gubernamental establecía.
El Constitucional ha sentenciado que el decreto ley está prohibido para medidas que afecten sustancialmente a los deberes que fija la Constitución. Y ha recibido el aplauso general. Ha establecido igualmente que la manera en que se amnistió a todos aquellos evasores fiscales supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos a sustentar los gastos públicos, una conclusión que ha servido de lógico apoyo en todos aquellos que criticaron esta medida de gracia vista por millones de contribuyentes como un flagrante caso de doble trato y ventajismo para el infractor. Ha ratificado lo que los recurrentes creían: que la amnistía legitimaba la conducta de los evasores.
La satisfacción general con esta sentencia, y la resignación y acatamiento que hace el ejecutivo de la misma, parecen indicar que en nuestro país lo que dicta el Tribunal Constitucional es una palabra de Ley respetada por su autoridad moral basada en la Carta Magna que a todos nos rige desde 1978. Pero no siempre sus resoluciones siembran el mismo consenso y elogio. Cuando en 2010 los jueces declararon nulas las pretensiones del nuevo estatuto de Cataluña de declarar "preferente" la lengua catalana, de tener un Poder Judicial autónomo y ampliar sus competencias fiscales, ocho de los diez magistrados del pleno del TC consideraron tan inconstitucionales aquellos artículos como la amnistía fiscal del ministro Montoro.
Las sentencias del Constitucional deben como en cualquier democracia aceptarse, acatarse y ser respetadas. Todas ellas, las que a uno le gustan y las que no. Sean sobre el perdón fiscal a posibles defraudadores o sobre el marco estatutario de una Comunidad Autónoma. Si las sentencia sobre la amnistía fuerza a la renuncia de su autor intelectual y formal, de igual forma debería haber sido exigida la dimisión de quien impulsó la reforma del estatuto catalán que ha acabado de la manera que todos conocemos.
Esta misma mañana en el Congreso de los Diputados la portavoz del grupo parlamentario autor de la moción de censura ha calificado al Tribunal Constitucional como "el tribunal favorito del PP, el brazo armado utilizado para judicializar todo lo relacionado con la voluntad de los catalanes". Minutos después, sin haber abandonado la tribuna, ha puesto como ejemplo la sentencia de la amnistía fiscal citando textualmente sus párrafos, y clamando sobre la inconstitucionalidad de la misma establecida por el mismo tribunal que a su juicio utiliza a su antojo un partido político.
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