El Tribunal Constitucional ha declarado este jueves de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el gobierno del PP en marzo de 2012, han informado fuentes del tribunal de garantías. La decisión no tiene efecto sobre los expedientes de aquellos contribuyentes que ya han regularizado su situación con Hacienda. Consulte la sentencia del TC
Ahora bien, hay unos casos en concreto sobre los que la decisión del TC sí podría tener efecto. Y es que la Agencia Tributaria (AEAT) ha abierto 3.545 inspecciones derivadas de la amnistía fiscal de 2012 -un 10% del total-, con una deuda fiscal detectada de 246 millones de la cual, hasta el pasado 10 de abril, se han liquidado más de 189 millones de euros.
Así lo anunció el pasado 10 de mayo el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Estas Inspecciones han mantenido abiertas la mayoría de estas liquidaciones sin que hayan adquirido firmeza, por lo que quedarían fuera del paraguas establecido por la sentencia del Tribunal Constitucional para las liquidaciones firmes.
El recurso fue presentado por 50 diputados del PSOE contra la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducían diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción de déficit público.
En su recurso entendía que esta normativa favorece a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10% del valor de los bienes aflorados (para rentas superiores a 100.000 euros), mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43%.
A la regularización fiscal se han acogido personalidades públicas investigadas en los tribunales como varios miembros la familia Pujol, el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados y su exsocio David Marjaliza -ambos imputados en el caso Púnica-, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. En su día Hacienda cifró en 30.000 los españoles que se acogieron a este modelo retributivo dirigido a recuperar dinero oculto fuera del país.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Ollero, ha valorado que la amnistía afectó de forma sustancial al deber general de todos los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza y mediante un sistema tributario justo.
Insolidaria para con los contribuyentes
La sentencia advierte de que la adopción de medidas que, "en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos".
El TC concluye que la medida impugnada ha tenido tres "importantes efectos": permitió la regularización de las rentas previamente ocultadas "a un tipo reducido" (10%); eximió a los contribuyentes que se acogieron a la regularización de "la imposición de intereses de demora, de recargos por ingresos extemporáneos y de sanciones, administrativas o penales, por el incumplimiento de los deberes formales y materiales derivados del nacimiento de la obligación tributaria"; y, por último, convirtió las cantidades por las que se tributó en la regulación "en renta declarada a todos los efectos".
Varapalo al Gobierno
En respuesta a algunas de las alegaciones del Abogado del Estado, el Tribunal sostiene que el hecho de que la medida cuestionada pudiera contar con una justificación que la legitimase (como es la "necesidad de ajustar el déficit público para cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria consagrado en el artículo 135 de la Constitución), "sería un requisito necesario pero en ningún caso suficiente, desde el plano constitucional, cuando se introduce mediante el uso de un instrumento normativo a través del cual no se puede afectar al cumplimiento de un deber de los previstos en el Título I de la Constitución".
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha señalado que el Ministerio de Hacienda "está analizando" la sentencia. Por su parte, el portavoz económico del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, ha pedido la "dimisión inmediata" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.