El instructor del caso 'Púnica' en el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) ha dado hoy un paso más en las diligencias contra el expresidente autonómico Pedro Antonio Sánchez tras su declaración al pedir a las partes que pidan ya la apertura de juicio oral o el archivo de las actuaciones.
El auto del magistrado Enrique Quiñonero ha sido notificado apenas una hora después de que Sánchez prestara declaración en estas diligencias, cuya conclusión acuerda antes de dar al fiscal, las demás acusaciones personadas y las defensas un plazo de diez días para que se pronuncien.
La resolución señala que de forma excepcional también se podrá pedir la práctica de diligencias complementarias que las partes "consideren indispensables para formular acusación".
El auto hace un relato de los contactos mantenidos por Sánchez y David Conesa, miembro de su gabinete cuando era consejero de Educación y al que también se investiga en estas diligencias, para suscribir un contrato de mejora de imagen por internet que finalmente no se firmó.
Esos contactos fueron mantenidos desde noviembre de 2014 con las empresas EICO on-Line y Madiva Editorial y Publicidad.
Para el instructor, los hechos serían presuntamente constitutivos de delitos contra la administración pública, aunque añade que todavía es pronto "para hacer una calificación jurídica más precisa".
Su declaración ante el juez
En su declaración de hoy, Sánchez ha asegurado que nunca contrató servicios con las empresas de la trama 'Púnica', y ha subrayado que accedió a reunirse con empresarios investigados porque durante 10 meses le solicitaron "de forma insistente" celebrar un encuentro.
El expresidente murciano ha reiterado que estas empresas llegaron "casi a acosar" a su gabinete con este tipo de ofertas, y solo se reunieron a instancias de las empresas para atenderles, como se hace con cualquier otra persona que así lo solicita.
En una breve comparecencia ante los medios de comunicación tras declarar durante una hora ante el TSJ, el expresidente ha recalcado que ha aportado una docena de documentos en los que queda patente que no hubo contrato alguno con la trama corrupta, y ha mostrado uno de ellos en el que se podía leer la oferta de la compañía Eico, valorada en 32.200 euros anuales, pero sin firmar y sin ninguno de los campos rellenos.
