El presidente de la Generalitat, Quim Torra, está instrumentalizando la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19 en clave independentista, e intenta camuflar sus errores exigiendo constantemente responsabilidades y medidas adicionales al Estado, con críticas a la gestión estatal, mientras a nivel operativo pide ayuda sin cesar.
Hasta ahora, la única autocrítica que ha realizado el president hace referencia a la información que ha facilitado el Ejecutivo catalán sobre la gestión de la pandemia en las residencias de ancianos, si bien reivindica que su supervisión ha sido una prioridad para el Govern.
Varios altos cargos de la Generalitat y miembros de los partidos que conforman el Gobierno catalán han criticado la declaración de estado de alarma de 155 encubierto por la centralización de competencias para dar una respuesta común a nivel estatal a la pandemia, a la vez que Torra, en marzo, culpaba al Gobierno español de perjudicar a los catalanes por no permitir el confinamiento total en la comunidad.
"No podemos esperar nada de Madri, porque no llega nada de Madrid", afirmaba Torra este jueves, animando a la autarquía catalana de suministros sanitarios, ya que los pedidos internacionales del Govern están siendo cancelados porque otros países pagan mejor. Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le instaba a entregar "con carácter urgente e inmediato" material de protección y tests de coronavirus para los Mossos d'Esquadra, Torra aseguraba que solo entre el 8% y el 10% del material utilizado por la Generalitat proviene del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ayer replicó que Cataluña es la segunda comunidad autónoma que más mascarillas ha recibido en esta crisis, más de tres millones, un 16,4% del total distribuido en España, y se suman otros materiales sanitarios hasta un total de más de seis millones de unidades desde el pasado 10 de marzo.
Otro de los puntos de fricción dialéctica ha sido la presencia del Ejército en Cataluña. Las múltiples críticas iniciales desde la Generalitat a la Unidad Militar de Emergencias (UME) por acudir a desinfectar el puerto y el aeropuerto de Barcelona -aducían que lo que querían en la Generalitat era que cerrasen estas instalaciones, pese a que por ellas llegan productos esenciales- se han tornado después en peticiones de ayuda -sin reconocerlo públicamente- para montar hospitales de campaña e incluso llamadas para que destinen a parte de su personal sanitario a Cataluña.
Al trascender estas peticiones, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, replicó que Cataluña también paga los costes del Ejército español y tiene derecho a recibir toda la ayuda posible de cualquier fuente; el consejero de Interior, Miquel Buch, adujo que al principio eran reticentes a la presencia de la UME en Cataluña por "solidaridad" con las autonomías que no tienen cuerpos propios de seguridad y emergencias, y la consejera de Salud, Alba Vergés, esgrimió que habían pedido personal sanitario a través del Ministerio de Sanidad, pero que como éste no tiene competencias ni personal asignado, derivó la petición a la UME, que sí lo tiene.
Pese a todo, Torra sigue lanzando reproches al Ejecutivo estatal, mientras descarta sacrificios propios como rebajarse el sueldo -que es superior al de Pedro Sánchez-, en línea con la propuesta de Podemos a nivel estatal. Budó consideró este viernes que "la solución a esta crisis no pasa por bajar sueldos del personal público; pasa por medidas efectivas y no medidas populistas". Señaló que el Govern ya eliminó todas sus dietas en 2013 y no se han recuperado, e insistió en reclamar al Estado posponer y hasta condonar el pago de "ciertos impuestos"; endeudarse, y crear una renta garantizada de ciudadanía.
