El Pleno del Congreso toma de nuevo en consideración desde este martes y por tercera vez el proyecto de ley del PSOE para la despenalización de la eutanasia y su consideración como un derecho individual, un texto que consiguió el apoyo parlamentario para iniciar su debate en 2018 y en 2019 pero que decayó en dos ocasiones por la convocatoria de elecciones generales de abril y noviembre del año pasado.
La Cámara baja admite a trámite de nuevo el proyecto de ley de eutanasia que ha sido para los socialistas uno de los lemas de campaña en las dos citas electorales del año pasado y que solo obtuvo en contra hasta ahora los votos del PP en 2018 y de los 'populares' y Vox en 2019. Pero la doble cita con las urnas en abril y noviembre ante la imposibilidad de formar Gobierno frustró la tramitación del proyecto socialista.
Hoy, con los 'populares' en contra insistiendo en su ley de paliativos -rechazada en 2018 por el Congreso- y apuntando, en palabras del diputado Echániz Salgado, que la intención del PSOE es "evitar costes del estado de bienestar", la ley de eutanasia vuelve al debate parlamentario con la intención del Gobierno de sacarla adelante.
La ley que propone de nuevo el PSOE busca, además de despenalizar la eutanasia (el "suicidio asistido" está recogido como delito recogido en el artículo 143 del Código Penal), reconocer el derecho a morir a las personas que padezcan una enfermedad o discapacidad grave que no tengan más opciones de tratamiento y que quieran voluntariamente, y respaldados por informes médicos, acabar con su vida. Según reza el texto, se trata de introducir en el ordenamiento jurídico español "un nuevo derecho individual", entendiendo la eutanasia como la actuación que "produce la muerte de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo".
La norma del PSOE se articula en cinco capítulos que desarrollan los requisitos para solicitarla, el procedimiento a seguir de la prestación y las garantías para la misma. Así, se recoge que podrán solicitar la prestación de ayuda para morir "toda persona mayor de edad y en plena capacidad de obrar informada y que se encuentre en los supuestos de enfermedad grave e incurable o de enfermedad grave, crónica e invalidante causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables".
Cubierto por la Seguridad Social
El proyecto de ley que el PSOE busca sacar adelante apuesta por incluir la eutanasia entre las prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS) para garantizar el acceso a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad. En decir, la prestación será de financiación pública pero la ley garantiza también su prestación en centros privados o incluso en el domicilio del solicitante.
En cuanto a la labor de los médicos, el proyecto de ley establece la posibilidad a los profesionales de la salud de apelar objeción de conciencia en caso de no querer realizar esta práctica: "Se garantiza dicha prestación sin perjuicio de la posibilidad de objeción de conciencia del personal sanitario", enuncia.
Los socialistas respaldan su propuesta en el amplio consenso social sobre la cuestión. En 2011, la última vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó por la regulación por ley del derecho de las personas a tener una muerte digna, el 77,5% de los entrevistados se mostraron a favor frente a 9,8% que se posicionó en contra.
La ley que el PSOE vuelve a proponer hoy, defendida en tribuna por la diputada y exministra de Sanidad María Luisa Carcedo, enfila su tramitación bajo la premisa de que "han de establecerse garantías para que la decisión de poner fin a la vida se produzca con absoluta libertad, autonomía y conocimiento, protegida, por tanto, de presiones de toda índole que pudieran provenir de entornos sociales, económicos o familiares desfavorables, o incluso decisiones apresuradas".
De salir adelante y superar todo el examen parlamentario, la ley de eutanasia entraría en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
