La Comunidad de Madrid ha detectado cerca de 200 contratos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda relacionados con la trama Púnica que supuestamente sirvieron para financiar actos del PP de Madrid entre 2009 y 2013.
Así lo han confirmado fuentes del grupo parlamentario de la Asamblea Unidas Podemos Izquierda Unida, que solicitó información de este tipo de contratos públicos en una pregunta escrita remitida al Gobierno regional.
En la respuesta, adelantada por la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso Efe, el Gobierno regional menciona cerca de 200 contratos con la cláusula del 1%, que obligaba a la empresa adjudicataria a pagar ese porcentaje de la cantidad de la obra en concepto de publicidad y a contratar para ello a un empresario que colaboraba con el partido para desviar el dinero.
La mayoría de estos contratos están vinculados a obras en carreteras autonómicas. Además, algunos de ellos están relacionados directamente con la empresa Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte) que fue extinguida en el año 2011.
El juez estima que la caja B del PP-M se nutrió de varios millones de euros públicos bajo la supervisión de Esperanza Aguirre
El Ejecutivo madrileño reconoce en su respuesta que "no existe constancia de facturas presentadas y pagadas por los contratistas" que contuvieran la cláusula del 1%.
Al respecto, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha subrayado que el Gobierno regional no ha detectado "ninguna practica irregular más allá de la previsión que existía en todo tipo" de contratos.La citada cláusula está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en la pieza del caso Púnica sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid y en la que están investigados los expresidentes regionales Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes.
Preguntado sobre este asunto, Enrique López ha insistido a Europa Press en que lo que investiga la Justicia es si había "un fin o no irregular" en esa previsión que se incluía en los contratos de diversas consejerías en las citadas etapas.
"Confiamos en que se dilucide lo antes posible y desde la Comunidad de Madrid creemos en la presunción de inocencia y en el control efectivo de la contratación como se hace y como se ha hecho siempre", ha recalcado.
El juez del 'caso Púnica' estima que la caja B del PP madrileño se nutrió de varios millones de euros públicos bajo la supervisión de la expresidenta Esperanza Aguirre -punto que Ignacio González negó durante su declaración- y mediante varios mecanismos, uno de ellos el de la cláusula del 1%.
Así consta en el auto de imputación de Aguirre, donde señala que esa cláusula se introdujo en contratos de ocho consejerías, como la de Sanidad, y da una cantidad total aproximada de 5 millones de euros desviados de esta forma entre 2006 y 2008.