La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha comunicado este martes a José Antonio Griñán la condena de seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación y a Manuel Chaves la inhabilitación de nueve años por prevaricación, tal y como refleja la sentencia del juicio a la pieza política de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) contra 21 ex altos cargos de la Junta acusados de usar irregularmente un fondo de 680 millones de euros entre los años 2000 y 2009. En Directo | Reacciones a la sentencia de los ERE.
Griñán ha sido condenado a la pena más alta por ostentar durante los hechos el cargo de consejero de Economía y Hacienda en la Junta de Andalucía entre los años 2004 y 2009 mientras Chaves, presidente de la Junta, no ha sido implicado en la malversación.
La diferencia entre Chaves y Griñán
La sentencia, que no es firme -será el Tribunal Supremo el último en pronunciarse-, incide en que Chaves conoció la existencia de las ayudas irregulares e empresas y no puso remedio mientras que Griñán además era conocedor de los informes de denuncia que Intervención General de la Junta publicó contra esas subvenciones y permitió que se perpetuaran en el tiempo.
"En varios expedientes de concesión de subvenciones hubo reparos por parte del Interventor Delegado, así como informe desfavorable del Gabinete Jurídico. [...] Estas circunstancias suponían un evidente retraso, sino impedimento, para que el dinero llegara a los beneficiados", indica el fallo entre las más de 1.800 páginas que lo componen.
Todos los condenados
La Audiencia Provincial de Sevilla ha impuesto penas de prisión también contra el exconsejero de empleo José Antonio Viera (siete años y un día de cárcel y 18 de inhabilitación) y el Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social (siete años y 11 meses de cárcel e inhabilitación de 19,5 años), que se lleva la pena más alta.
Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez han sido condenados a nueve años de inhabilitación también por el delito de prevaricación. Sus papeles fueron el de exconsejero de la Presidencia y consejera de la cartera que más tarde recaería en Griñán respectivamente.
Entre el resto de ex altos cargos condenados, las condenas quedan así: Carmen Martínez Aguayo, seis años y dos días de prisión e inhabilitación de 15 años y dos días (era exconsejera y exviceconsejera de Economía y Hacienda); siete años y un día de prisión y 18 años de inhabilitación para Agustín Barberá (exviceconsejero de Empleo); siete años y un día de prisión e inhabilitación de 18 años y un día para Francisco Vallejo (exconsejero de Innovación); Antonio Fernández, siete años y 11 meses de prisión e inhabilitación de 19 años, seis meses y un día (exconsejero de Empleo).
Únicamente dos de los 21 acusados han sido absueltos. Se trata del exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.
La trama de los ERE fraudulentos
Guerrero fue precisamente quien dio pie a la investigación tras indicar en 2010 durante una declaración ante la Policía sobre posibles irregularidades en un expediente de regulación de empleo de Mercasevilla que la partida 31L del Presupuesto de la Junta era el famoso "fondo de reptiles para la crisis", desencadenando una investigación de casi 9 años.
En este sentido, el fallo establece que "consta en las actuaciones que no fue fiscalizado ni uno sólo de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas del programa 31L, durante el periodo enjuiciado, desde el año 2000 al 2010. Precisamente este cambio presupuestario lo que pretendía era que no le fuera necesario al Director General de Trabajo tener que confeccionar un expediente de gasto singularizado para cada una de las ayudas que iba a conceder, puesto que tenía garantizado que iba a lograr el pago de todos modos, gracias al previo traspaso de los fondos al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), mediante el uso inadecuado de la transferencia de financiación. [...] El resultado fue una absoluta falta de control de la concesión de subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis".
Según la sentencia, el importe de las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo era sobrepasad de manera habitual por lo que se instauró como normal el sistema que denominaron de "pagos cruzados" y que se traducía en que los fondos enviados a la aseguradora para el pago de una póliza anterior "se utilizaban para la apertura o el pago de otra póliza distinta, de una empresa diferente" haciendo imposible el control del pago de las ayudas.
El PSOE, en el punto de mira
El macro-juicio contra la mayor trama de corrupción conocida en España hasta el momento quedó visto para sentencia en diciembre del año pasado, un año, cuatro días y 152 sesiones después de que diera comienzo y con más de 14.000 folios de causa y a punto de cumplirse nueve años de que la trama fuera destapada.
El fallo de la sentencia llega en plenas negociaciones para la conformación de un Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Si bien se conocía que la publicación sería antes de que acabara el año -se atrasó en plena convocatoria electoral- el resultado de la misma y las reacciones consiguientes pueden suponer algunas dificultades en el preacuerdo de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
La sentencia abre paso a una situación complicada para el PSOE, a quien desde el PP ya han advertido que exigirán coherencia a Pedro Sánchez, que llegó a la Moncloa tras presentar una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy tras la sentencia de Gürtel.
Desde el PSOE-A han respondido defendiendo la "honradez" tanto de Chaves como de Griñán y defendido que la sentencia demuestra que ni el partido se financió ilegalmente ni los expresidentes se han enriquecido, en una primera valoración de lo socialistas tras publicarse el fallo.
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