El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y la corrupción. Se trata de una norma que transpone la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Con esta norma, cualquier ciudadano podrá denunciar las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas que conozca en su ámbito laboral, profesional o funcionarial, y la legislación tendrá la obligación de ofrecerle una protección real y efectiva ante cualquier represalia en dicho ámbito, incluido su entorno si fuera necesario.
El nuevo anteproyecto establece, entre otras cuestiones, un régimen jurídico que garantiza la protección de aquellas personas que en el seno de organizaciones públicas y privadas, comuniquen información relativa a infracciones del Derecho de la Unión y del Derecho nacional.
Este anteproyecto de ley, abarca las tipologías de delitos e infracciones administrativas, de tal manera que se configura como una herramienta para combatir cualquier quebranto económico contra la Hacienda Pública, así como aquellos aspectos que vulneren la seguridad y salud en el trabajo.
Sistemas internos
La norma también regula los sistemas internos de información, que se perfilan como cauce preferente dentro de la libertad del informante para elegir el canal a seguir según las circunstancias y los riesgos de represalias que considere, garantizando asimismo el respeto a la legislación específica en la materia y para distintos sectores como el financiero, seguros, auditoría, competencia o mercados de valores.
Por ello, establece la obligación de disponer de canales internos de información tanto para empresa, con más de 50 trabajadores, como para las personas jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores y que así lo decidan, las cuales podrán compartir entre sí el sistema interno de información y los recursos destinados a la gestión y tramitación de las comunicaciones, tanto si la gestión del sistema se lleva a cabo por la propia entidad como si se ha externalizado, respetándose en todo caso las garantías previstas en esta ley.
En la misma línea, con su entrada en vigor estarán obligados a contar con un sistema interno de información todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como las fundaciones que dependan de estos, siempre que gestionen fondos públicos.
En el sector público tendrán que contar con un sistema interno de interno de información las Administraciones Públicas que gestionan los servicios de la Seguridad Social, las universidades, las sociedades y fundaciones que lo integran, las corporaciones públicas y todos los órganos constitucionales, entre otros.
Además de la transposición,e ste anteproyecto de ley pretende dar cumplimiento a una serie de objetivos del Plan y acción del Gobierno en la lucha contra la corrupción, incluidos en el acuerdo de coalición en el IV Plan de Gobierno abierto 2020-2024.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha explicado que este Anteproyecto de Ley "será una herramienta para combatir cualquier quebranto económico contra la Hacienda Pública, así como otras infracciones que vulneran otros ámbitos, especialmente la protección del medio ambiente, la seguridad nuclear, de los alimentos, y la prevención del blanqueo de capitales, entre otros".
Relacionados
- Abogados y procuradores con antecedentes penales por violencia de género no ejercerán en el turno de oficio de esta especialidad
- La Justicia Europea avala las multas a extranjeros en situación irregular en España
- Un papel en el que firma el empleado al entrar en la empresa no vale como registro de jornada
- El TEAC anula las providencias de apremio de Hacienda sobre las solicitudes de aplazamiento anteriores al 10 de julio de 2021
