Madrid
El absentismo laboral es uno de los mayores lastres silenciosos de la economía española. Y, sin embargo, sigue tratándose como un tema secundario. Las empresas lo sufren a diario: por las ausencias que no se pueden cubrir, por las bajas de larga duración que se eternizan, por la incertidumbre, por la rigidez del sistema y, sobre todo, por un coste creciente que parece invisible para el legislador. Los datos son contundentes. Según el último informe de Randstad publicado el pasado mes de marzo, el absentismo laboral alcanza ya el 6,7?% del total de horas pactadas. Traducido: uno de cada quince trabajadores no acude a su puesto de trabajo en su jornada habitual. Eso equivale a una pérdida de más de 1,3 millones de empleos a tiempo completo al año. Si extrapolamos ese dato a una empresa con tres trabajadores, la realidad es clara: cada empresa española "pierde" al menos 0,2 trabajadores por el simple hecho de que no acudirán al trabajo, aunque estén contratados.
Esto tiene consecuencias directas. Las empresas deben seguir pagando cotizaciones, reorganizando tareas, asumiendo retrasos, y muchas veces, renunciando a pedidos o clientes. En sectores como el transporte, la hostelería o el pequeño comercio, esto no es un inconveniente: es una condena. Las plantillas son tan ajustadas que una sola baja puede colapsar toda la operativa. Y lo peor: en la mayoría de los casos no existe posibilidad real ni económica ni legal de sustitución. Desde la gestoría hemos vivido recientemente un caso que ilustra bien la ineficiencia del sistema. Una empresa de transporte, cuyos trabajadores son todos conductores profesionales, sufrió la baja de larga duración de uno de ellos por un problema con el alcohol. Después de 18 meses, la Seguridad Social rechazó la incapacidad permanente y ordenó su reincorporación. La empresa, preocupada, indicó que el trabajador no estaba en condiciones de conducir. ¿La respuesta? Que le llevaran en coche al trabajo. Como si el problema fuera llegar y no conducir un camión de gran tonelaje.
¿Dónde está el criterio? ¿Quién protege a la empresa? ¿Quién protege al resto de trabajadores que sí cumplen? A la vez que se produce el alta médica por la seguridad social y la desestimación de su incapacidad, la empresa de prevención de riesgos laborales emite un certificado señalando al trabajador como no apto para su puesto laboral. Las primeras soluciones que ofrece la ley pasan por adaptarle a otro puesto, que no existe en la empresa. Por tango, la única solución que queda legal es el despido objetivo por no poder cumplir el trabajador con las funciones para las que estaba contratado el trabajador. Es decir, tras año y medio asumiendo los costes de su ausencia, la empresa debía ahora pagar también la indemnización objetiva, con los riesgos de demanda por parte del trabajador. No hay apoyo, no hay flexibilidad, no hay alternativa. Solo obligaciones. Y no hablamos de un caso aislado. Existen bajas encadenadas durante años, revisadas de forma automática, sin informes objetivos ni segundas opiniones. Existen también ausencias intermitentes pero constantes, que impiden una planificación mínima. Y lo más grave: en muchos casos, la empresa ni siquiera puede cuestionar la situación sin arriesgarse a una sanción o a un proceso judicial.
El debate sobre el absentismo está viciado por tabúes. Nadie quiere parecer insensible. Pero defender a quien trabaja y a quien genera empleo no es atacar a nadie. Es proteger el sistema. Y en este momento, el sistema tiene un problema: ha roto el equilibrio entre el derecho del trabajador y la responsabilidad del empleador. El primero está cubierto. El segundo, está solo. La realidad es esta: muchas empresas pequeñas no pueden más. Las bajas no se pueden cubrir. El absentismo desestabiliza la operativa diaria. Y los sobrecostes son inasumibles. Las grandes empresas quizás lo compensen. Las pymes, no. Y en España, el 95 % de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. ¿Hasta cuándo va a soportar este sobrecoste el empresario? ¿Quién defiende al autónomo que no puede permitirse una baja propia, pero sí debe asumir las del resto? ¿Qué incentivos hay para seguir contratando si el sistema penaliza al empleador desde el primer minuto de ausencia?
Es urgente una reforma estructural. Un sistema que permita a las empresas conocer con anticipación y transparencia la duración real de las bajas, establezca mecanismos de revisión médica independientes, cree fondos específicos para cubrir el sobrecoste de las bajas en pequeñas empresas y habilite procedimientos rápidos de recolocación, adaptación o desvinculación sin culpabilizar al empresario. Y, sobre todo, necesitamos un cambio cultural. El absentismo no puede ser un "derecho tácito". Ni una "zona gris" tolerada. Porque cada vez que un trabajador no acude, otro trabaja más. Y una empresa resiste menos. La defensa del empleo no empieza el día que se firma el contrato. Empieza el día que se garantiza un marco justo, realista y sostenible para que esa relación funcione. Y ahora mismo, ese marco está roto.