Madrid
Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa delatan cómo el total de asalariados del sector público autonómico se acerca a los 2,1 millones de personas. Se trata de una marca récord que se supera en un 13% el tamaño de las plantillas que los Gobiernos regionales gestionaban antes de la pandemia. La emergencia provocada por el Covid motivó sus primeros incrementos, muy focalizados en el ámbito de los servicios sanitarios. Sin embargo, años después de aquella emergencia, el total de asalariados de este nivel administrativo se resiste a normalizarse y prosigue su auge en ámbitos que ya nada tienen que ver con la atención a los servicios más básicos de la ciudadanía. La tendencia se potenció ante la cercanía de las elecciones de 2023 y vuelve a tomar fuerza en el primer semestre de 2025.
Como resultado de esta progresión, el sector público se erija en la principal agencia de colocación en varios territorios, donde el peso de este tipo de empleo equivale, o incluso rebasa, el 20% del conjunto de los puestos de trabajo disponibles. Esta situación delata una faceta preocupante del mercado laboral español, pese a sus sucesivos registros récord de afiliación, y de los fundamentales sobre los que asienta el avance del PIB español en los ejercicios más recientes. Nunca será una buena noticia que las plantillas públicas aumenten a ritmos hasta cuatro veces superiores a los de sus homólogas del sector privado, como ha ocurrido repetidamente desde los años previos a la pandemia. Un desequilibrio de esa índole responde a la pregunta de por qué, en medio del nuevo milagro económico español, tanto la productividad como a la riqueza per cápita les está costando tanto recuperar el terreno perdido respecto al resto de la Unión Europea.