Madrid
La reversión de los contratos de concesión de 11 autovías de primera generación al término de 2026 ha abierto un frente de conflicto entre el Ministerio de Transportes y las concesionarias, que puede terminar en los tribunales. Ello debido a que las empresas consideran inaceptables las exigencias del Gobierno para la puesta a cero de estas infraestructuras. De hecho, algunas firmas podrían optar por ir a la quiebra al estimar los costes de inasumibles. Esta batalla es fruto de la equivocada política del Ejecutivo de revertir las infraestructuras viarias. Ello pese a que con ello se restan recursos para la financiación y el propio mantenimiento de la carreteras. No en vano el sector fija en 11.494 millones el déficit de inversiones necesarias para la conservación de las infraestructuras.