La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha anunciado que desde la institución que preside han planteado una consulta a la Abogacía del Estado ante el informe adicional de pensiones que desde el Gobierno solicitarán a la AIReF antes del 1 de junio de 2026 para cumplir con Bruselas. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la semana pasado una modificación del Real Decreto de 18 de febrero que establecía cómo debía evaluar la AIReF el sistema de pensiones por si fueran necesarias medidas adicionales de ingresos, informa Europa Press.
Con los cambios introducidos, la AIReF tendrá que elaborar un informe adicional al emitido el pasado 31 de marzo sobre el cumplimiento de la regla de gasto en pensiones ante una petición de Bruselas para que, en la evaluación de las pensiones, no se tengan en cuenta las transferencias del Estado como ingresos, frente a lo recogido en el Real Decreto anterior del Gobierno.
Al ser preguntada por la cuestión en una rueda de prensa este miércoles, Herrero ha indicado que desde la AIReF no entienden la razón que hay detrás del informe adicional sobre las pensiones que el Gobierno ha mandatado a la AIReF y ha asegurado que el diagnóstico sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones "será el mismo en 2026" que el de este año y el 2023.
Poco ha cambiado
"Nosotros desde el punto de vista de la sostenibilidad seguimos diciendo lo mismo, que la reforma del sistema de pensiones ha aumentado el desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social en más de un punto de PIB", ha indicado Herrero.
"¿Cuál es el problema? Que tenemos una regla de gasto en pensiones que no mide nada. No mide la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y entonces, ahí sí que es verdad que de aquí a un mes, a un año, a lo mejor algo puede cambiar. Lo ha cambiado del 2023 al 2025, pero no por el diagnóstico del sistema de pensiones, sino por el crecimiento económico", ha añadido.
Pide parar esta "deriva"
Para Herrero, el ejercicio "está hecho", por lo que ha criticado que no se respete lo recogido en la ley orgánica que regula estos procedimientos obligando a la institución que preside a realizar un nuevo examen. "No sé qué nuevos datos vamos a tener. No lo entiendo", ha expuesto a la vez que ha pedido "parar esta deriva".
Sobre las transferencias, la presidenta de la AIReF ha asegurado que si tuviera que hacer la opinión del año que viene cogería "exactamente" las mismas transferencias cogidas en el último informe de evaluación de marzo. "Tenemos una ley orgánica que nos dice muy claramente lo que tenemos que hacer. Unos informes que son los que son y ni uno más ni uno menos. Unas opiniones que se emiten a iniciativa propia de AIReF, no por imposición legal", ha expuesto.
Ante esta situación, desde la AIReF han planteado una consulta a la Abogacía del Estado para que diriman si "las opiniones son voluntarias y, por lo tanto, no las puede imponer una ley" y para que se pronuncie sobre si los informes son los que se recogen en la ley orgánica y no los adicionales que se recogen en los últimos reales decretos.
"Lo que nosotros pedimos básicamente es que se aclare la terminología. Lo que nosotros pedimos, yo ya lo pedí en el Congreso, es que sea muy restrictivo, muy puntual el que una ley establezca que AIReF tiene que evaluar algo, lo segundo es que se aplique bien la terminología y que con independencia de como lo llamen, se recuerde lo que dice nuestra ley. Y es que los informes son los que son y que las opiniones son voluntarias y que, por lo tanto, la única vía posible es la de un encargo de evaluación", ha indicado.
"Eso implica que la AIReF, en el ejercicio de su independencia y su autonomía de gestión, determina qué va a evaluar, cuál es el alcance de la evaluación, cuál es la metodología que va a utilizar y cuál es el calendario, lo que le permite una correcta utilización de sus recursos", ha añadido.