Madrid
España tiene un problema que se evidencia en cada portal inmobiliario, en cada conversación sobre alquileres o precios de compra, y en la creciente ansiedad de miles de jóvenes, y no tan jóvenes, que se han manifestado ya incontables veces en muchas ciudades en los últimos años: faltan casas, faltan viviendas, faltan hogares. Muchos. Desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) estimamos que hace falta levantar 220.000 viviendas al año para empezar a atajar la emergencia, y luego mantener un ritmo de crucero de 150.000 anuales para ir solucionando el problema. La cifra es relevante pero razonable, aunque el verdadero miedo se respira al plantear la pregunta clave: ¿quién va a construir esas casas?
Al sector de la construcción le faltan trabajadores y relevo generacional. Una falta de mano de obra que amenaza con dejar varado cualquier plan de vivienda y perpetuar la crisis de acceso que ahoga a la sociedad. No es un problema de falta de proyectos o de inversión, sino de algo más profundo y difícil de reparar: una crisis de imagen y de vocaciones. Ante este panorama, el protocolo de colaboración que acabamos de firmar entre el Ministerio de Vivienda y la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) es mucho más que una foto protocolaria. Es el reconocimiento oficial de que, antes de mover una sola piedra, necesitamos reconstruir los cimientos sobre los que se asienta la percepción del sector y una muestra de confianza en nuestras empresas. Este acuerdo, que une al Gobierno con los agentes sociales (patronal CNC y sindicatos CCOO del Hábitat y UGT FICA), tiene que ser un plan de choque contra los prejuicios y la desinformación, contra el ruido y la imagen distorsionada, una revolución para dar tranquilidad a los jóvenes y bienestar a la sociedad.
El fantasma de la crisis financiera de 2008 dejó una herida profunda en el imaginario colectivo, asociando la construcción al pelotazo, la precariedad y el paro masivo. La distorsionada imagen del obrero con el mono manchado, bajo un sol de justicia y con un futuro incierto, caló hondo. Pero esa foto está velada y desenfocada. No se corresponde con nuestras empresas líderes ni con nuestros extraordinarios profesionales. El sector de hoy poco o nada tiene que ver con aquel estereotipo, y es aquí donde el protocolo pone el acento: en la comunicación y en la formación. Porque nuestros estudios demuestran que el profesional que se incorpora a la construcción nunca quiere salir de ella.
¿Sabe el joven que hoy duda sobre su futuro que el VII Convenio General del Sector de la Construcción es uno de los más avanzados de Europa? ¿Se ha contado con rigor que este convenio ha puesto en marcha el primer plan de pensiones sectorial de España, una conquista social histórica que garantiza un complemento a la jubilación de sus trabajadores? ¿Conoce la opinión pública que los salarios en la construcción son competitivos y han experimentado subidas notables, muy por encima de la precariedad que se le presupone? La respuesta, tristemente, es no. El relato de la nueva construcción —un sector cada vez más tecnológico, digitalizado, con sorprendente maquinaria y materiales extraordinariamente avanzados, centrado en la sostenibilidad, la rehabilitación energética y la construcción industrializada— no ha llegado a las aulas, ni a las familias, ni a los orientadores laborales. Por eso, el protocolo no se limita a buenas intenciones. Despliega una estrategia para atraer talento masivo, poniendo el foco en colectivos tradicionalmente ajenos a la construcción: las mujeres, los jóvenes y la población del ámbito rural.
Analizando sus puntos clave, el plan es ambicioso y certero. Por un lado, el Ministerio se compromete a impulsar políticas activas de comunicación. No basta con tener un buen producto —empleo estable, bien remunerado y con futuro—, sino que hay que saber transmitirlo. Por otro lado, la Fundación Laboral ofrece su experiencia y capilaridad para formar y cualificar a esos nuevos perfiles. No se trata de buscar mano de obra sin más, sino de capacitar profesionales para los retos del siglo XXI: expertos en reforma y rehabilitación, técnicos en sistemas industrializados o especialistas en eficiencia energética. No todo es carretilla, pala y ladrillo. Este acuerdo es una alianza estratégica para que la necesidad de vivienda y la necesidad de empleo de calidad se encuentren. Es la única vía para afrontar la transformación del parque edificado que exige Europa y, sobre todo, para dar una respuesta tangible al derecho a la vivienda.
El reto es mayúsculo. Superar una década de mala prensa y desafección no se logra en horas. Pero este protocolo sirve para cimentar nuestro futuro. Demuestra que todos remamos en la misma dirección, conscientes de que sin trabajadores no hay casas, y sin casas, no hay futuro. Es hora de dejar atrás los viejos clichés y empezar a mirar al andamio no como un vestigio del pasado, sino como el escenario donde se construye, literalmente, el cambio para la moderna España. No es la primera vez que desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) hemos solicitado una mayor coordinación entre el Gobierno, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos en materia de política de vivienda, y también más cohesión entre los ministerios implicados. Destacan, por ejemplo, Trabajo, Seguridad Social, Migraciones y Educación, ante el grave problema de falta de mano de obra; Economía, Hacienda y Transportes para agilizar la normativa de contratos públicos, la colaboración público-privada y para reformar el sistema de clasificación de empresas, hoy profundamente desajustado e injusto con la Marca España.
Los problemas en torno a la vivienda tienen su reflejo a nivel social y demográfico, pues retrasan la emancipación de los jóvenes y frustran sus proyectos de futuro, alejan la creación de familias y limitan el nacimiento de niños. Pero también a nivel económico, al dificultar la movilidad de los trabajadores hacia las zonas más tensionadas, que suelen coincidir con las que más oportunidades laborales ofrecen, e impedir el traslado de la mejoría de los datos macroeconómicos al bolsillo de los ciudadanos. Por ello, tampoco es la primera vez que ponemos sobre la mesa la necesidad urgente de impulsar un gran pacto de Estado que supere los intereses partidistas para, en primer lugar, desbloquear la Ley del Suelo como primer e imprescindible paso para aflojar el nudo. Pero el incremento de la oferta también dependerá de los trabajadores capacitados para construir las viviendas que necesitamos y, sólo así, empezar a enfrentarnos a la principal preocupación de los españoles. La solución es una gran obra que nos compete a todos.