Madrid
El Gobierno y Red Eléctrica (Redeia) no se ponen de acuerdo con el apagón. Ni siquiera lo hacen respecto al número de centrales con las que el operador de la red no pudo contar el 28 de abril, primero para evitar el cero energético y, posteriormente, para recuperar el sistema de forma más rápida. Así queda reflejado en los estudios que el Ministerio de Transición Energética y Redeia han elaborado a raíz del suceso. Según el Informe de restricciones técnicas de la empresa presidida por Beatriz Corredor, el pasado 28 de abril se registraron un total de 15.829 MW indisponibles. Pero en el informe de análisis que ha presentado el Gobierno esta misma semana, esta cifra se reduce en 3.028 MW. Ambos coinciden en las plantas indisponibles de carbón y turbinación con bombeo. Pero muestran enormes discrepancias respecto a la situación de las centrales de ciclo combinado y nucleares, que son, precisamente, las plantas que más podían haber ayudado a evitar la caída del sistema.
Evidentemente si la cifra correcta fuera la ofrecida por el Gobierno supondría un golpe para Redeia, ya que habría contado con más recursos para impedir el apagón, que no supo utilizar. Pero más allá de discernir quién tiene o no razón, lo más grave es la propia divergencia que se ha producido con los informes. El sector eléctrico está regulado y, por ello, los datos sobre cada planta de generación se conocen prácticamente al instante por parte de Red Eléctrica. Es decir, es imposible que el operador desconozca la actividad de una central. Por dicho motivo, resulta inconcebible y del todo inaceptable que Redeia y el Gobierno no se pongan de acuerdo en un hecho inmutable, como saber qué centrales estaban operativas y cuáles paradas.