Madrid
La presión financiera generada por la multa de 116 millones de Renfe por el retraso en la entrega de trenes, obligó a Talgo a realizar una provisión que le ha llevado a cerrar 2024 con pérdidas históricas. En concreto, números rojos de 107,9 millones y una deuda financiera de 403 millones. Una situación de desequilibrio que impide a Talgo acudir a licitaciones y que bloquea el cambio de accionistas. Pero el Ejecutivo está dispuesto a echar el resto para allanar el camino para que Sidenor, el Gobierno Vasco y las fundaciones bancarias BBK y Vital cierren la compra del 29,77% de Talgo a cambio de 153 millones, y para que la firma pueda competir por contratos. Con ese fin, la Sepi estudia la fórmula conceder un préstamo convertible de 150 millones, que permitirá equilibrar el balance y presentar un patrimonio próximo a los 320 millones. Una inyección de liquidez que Moncloa y Sidenor diseñan tirando de ingeniería fiscal y financiera para evitar que Bruselas la tumbe por considerarla 'ayuda de Estado'.
Toda empresa privada, como lo es Talgo, debe buscar la liquidez por su cuenta y normalmente son los bancos los que dan los avales para que las compañías acudan a concursos o realicen inversiones. Pero dichos avales requieren solvencia, que es lo que Talgo debería lograr mediante instrumentos financieros de mercado, como la ampliación de capital por ejemplo. Pero en este caso, es el propio Estado, es decir todos los españoles, el que quiere resolver la situación. Se puede entender que el Gobierno quiere apoyar a una empresa española, aunque es necesario cumplir las leyes de mercado. No obstante, el interés del Ejecutivo por salvar Talgo y hacer lo que sea necesario para mantenerla en manos nacionales hace sospechar que existen intereses políticos.