Madrid
El Gobierno aprobó a finales de mayo el nuevo procedimiento para acceder a la jubilación anticipada. Con ello se facilita el acceso a los coeficientes reductores y se establece una fórmula que determina si una profesión cumple con los criterios para considerarse de riesgo. El Ejecutivo busca así eliminar el agravio comparativo de algunos trabajos que pese a ser similares a otros en donde regía la jubilación anticipada, no podían acceder al retiro a partir de los 59 años. De esta forma, los policías nacionales o guardias civiles quedarán igualados a las fuerzas y cuerpos de seguridad autonómicos, así como a la Policía Local, lo que es adecuado. Ahora bien, la nueva regulación ya abría la puerta para que profesiones, como la de las asistentas, se jubilen antes de tiempo, pese a ser trabajos que no deberían ser considerados de riesgo. Pero no contenta con estas mayores facilidades, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, busca ampliar el retiro prematuro a profesiones con mayoría de mujeres.
De hecho, un grupo de expertos está encargado de analizar y evaluar la dimensión de género en la fijación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en ocupaciones con mayor presencia femenina. Un nuevo requisito que podría beneficiar a empleadas de hogar, cuidadoras de personas dependientes y camareras de piso. De nuevo, son trabajos que no merecen recibir el calificativo de riesgo y que pese a ello quizá terminen antes de tiempo su carrera laboral tras la nueva normativa. Abrir la jubilación a tantos colectivos es a todas luces una medida meramente política con la que Saiz busca ganar votos. Algo que en principio ya es criticable. Pero más aún en un contexto en el que la Seguridad Social presenta una situación cercana a la quiebra, con una deuda de 126.177 millones, según el Banco de España.