Madrid
El Gobierno de Sánchez se ha caracterizado por su desmedido gasto público, su déficit estructural creciente, su deuda exponencial, sus impuestos asfixiantes y su intervencionismo paralizante. Todo ello, ha provocado una influencia muy negativa en la estructura económica, camuflada en el corto plazo bajo la anestesia del gasto público y de un comportamiento extraordinario del sector exterior, que ya da síntomas de haber llegado al límite superior, pero que ha empeorado mucho el carácter estructural, como digo, de la economía.
Su falta de apoyos, además, junto con la ausencia completa de coherencia de Sánchez, han originado esperpentos en distintas votaciones, como fue la vivida con la negociación y votación de la reforma fiscal, donde llegó a pactar cosas distintas con cada una de las diferentes formaciones de esa amalgama conocida como Frankenstein. A Podemos le dijo que habría impuesto a las energéticas, a Junts que no lo habría, a Bruselas que habría el paquete completo, subida del diésel incluida, pues es lo que remitió a la Comisión Europea en su plan de ajuste, para, finalmente, dejar fuera a dicho impuesto a las energéticas, no sin haber perdido antes una votación en el Congreso para tratar de convalidar un RD que sí lo incluía.
Todo ello, los impuestos demagógicos y oportunistas, la persecución a las empresas, han creado una inseguridad jurídica que hunde la inversión, la cual está ahuyentando de manera acelerada, como se puede comprobar en los datos de contabilidad nacional -sólo recuperados mínimamente tras las extraordinarias revisiones llevadas a cabo por el INE, y en los de inversión extranjera recibida.
Siendo todo eso horrible, el colofón de daños a la economía viene por la supuesta corrupción que asola al Gobierno, ya que si lo declarado por Aldama, en su confesión auto incriminatoria, es cierto, así como los distintos sucesos de investigación policial y judicial, entonces teñiría de corrupción casi todo el gobierno, desde arriba hasta abajo, con honrosas excepciones. Y si eso es cierto y puede probarse, entonces, Sánchez y su gobierno no tienen escapatoria de quedar cercados por la corrupción. Como digo, presunción de inocencia, desde luego, pero dicho cerco de la corrupción se estrecha, cada vez más, en torno al Palacio de La Moncloa. Y la corrupción es letal para la economía. La corrupción es, por sí misma, algo deleznable, que muestra la peor cara de la condición humana, pues se aprovecha del esfuerzo y trabajo de otros. Esto es moralmente repugnante. Da igual de dónde venga la corrupción, no es cuestión de colores ni de partidos políticos: toda es lamentable, nociva y nauseabunda. La corrupción, además, perjudica, y mucho, a la economía, porque emite una señal no sólo de desaprobación, sino de inseguridad jurídica en los negocios, ya que si para lograr un determinado contrato no sirve la pugna competitiva legal, sino que va a depender de un análisis subjetivo basado en la recomendación de una persona o personas, lo único que logra es ahuyentar inversiones ante la incertidumbre de poder operar legalmente en una economía.
Hay estudios que calculan que el impacto que una corrupción que no sea generalizada, pero que se sobreentienda como necesaria para lograr ciertos trámites podría afectar a medio punto de crecimiento de la economía en el medio y largo plazo. En caso de volverse creciente, esa corrupción podría llegar a frenar hasta cinco puntos de crecimiento económico, como sucede en muchos países sumidos en la más absoluta de las corrupciones.
Por eso, no es un elemento positivo el escuchar, día sí y día también, las sospechas sobre supuesta corrupción que afecta al entorno del presidente del Gobierno. Y mucho menos lo es escuchar las acusaciones directas de Aldama contra miembros del gobierno y de la estructura del PSOE, con la acusación de cobro de comisiones, entrega de sobres y petición de un encuentro y foto con Aldama, según la versión de este último, que los socialistas niegan, a lo que hay que añadir todo el entramado turbio del rescate aprobado a Air Europa y otros elementos poco claros, también. Presunción de inocencia, desde luego, pero cada vez las piezas parece que encajan más en lo que sería, de confirmarse, un escándalo mayúsculo de corrupción. Todo ello incrementa más la inseguridad jurídica, y dicha inseguridad jurídica lastra más la economía.
Pensemos que medio punto de PIB de merma económica por corrupción equivalen a unos 7.000 millones de euros de actividad económica y entre 15.000 y 20.000 puestos de trabajo. Si llegásemos al nivel de extrema corrupción, con frena de cinco puntos de crecimiento, esas cifras anteriores se verían multiplicadas por diez. Todo ello, requiere de una explicación, porque si no hay nada raro, qué mejor manera de esclarecerlo. Sólo así, se limitará el daño económico. Si no, el impacto negativo será claro y perjudicial para la economía. Medidas como los artificios para forzar aforamientos, levantan más dudas e inseguridad jurídica.
