Sánchez vuelve a la carga en materia de vivienda con el foco puesto en cercar los pisos turísticos, frenar la llegada de compradores extranjeros, combatir la especulación inmobiliaria y promover un abaratamiento del alquiler mediante incentivos fiscales.
Para ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que pone en el foco a los pisos vacíos y segundas residencias y que impacta también en las fiscalidad de las socimi.
Para abaratar los pisos de alquiler, la propuesta del PSOE apuesta por incentivos fiscales para propietarios que ofrezcan precios asequibles. Con esta fórmula el Gobierno se salta a los ayuntamientos y regiones que no están aplicando la limitación de precios que se incluye en la Ley de Vivienda, ya que estas ventajas fiscales estaban ligadas hasta ahora a la declaración de zona tensionada. Sin embargo, la propuesta plantea ahora una exención fiscal del 100% en el IRPF para cualquier propietario que alquile su vivienda por debajo del Índice de Precios de Referencia. El Gobierno deberá especificar que porcentaje de rebaja debe aplicarse para poder acogerse a esta desgravación total.
Antes las rebajas se movían entre el 50% y el 90%, pero el esquema que plantean ahora incluye deducciones que van desde el 60% hasta el 100% y se basa en seis posibles escenarios que contemplan la edad de los inquilinos, si se encuentra en zona tensionada o no, o si se alquila a ONGs o entidades públicas.
Cerco a los pisos turísticos y las viviendas vacías
Por otro lado, uno de los pilares de la propuesta es la imposición de un IVA del 21% a los apartamentos turísticos, equiparando su fiscalidad a la de otras actividades económicas. Esta medida busca reducir la rentabilidad de este tipo de alojamientos y fomentar su conversión en viviendas para alquiler permanente, especialmente en zonas urbanas con alta demanda residencial donde los precios se han disparado en los últimos años. El objetivo es aliviar la falta de vivienda habitual y frenar la especulación inmobiliaria.
Esta medida su suma a la orden lanzada este lunes por el Ministerio de Consumo, que ha instado a Airbnb al bloqueo inmediato de casi 66.000 anuncios de pisos turísticos que no cumplen con la normativa vigente.
La propuesta del PSOE carga también contra los propietarios que cuenten con viviendas vacías, una medida que afectará también a las segundas residencias. Concretamente, quieren impulsar una tarifa que puede llegar a duplicar la tributación actual de los pisos vacíos.
De este modo, mientras que actualmente la vivienda no habitual se debe imputar en la declaración del IRPF como renta un 1,1% del valor catastral de la misma, con la nueva tributación este será el porcentaje para las casas con valores catastrales de hasta 100.000 euros. Para las viviendas con valor hasta 500.000 se tributará el 1,5%; hasta el millón de euros se pagará el 2% y a partir de esa cifra el porcentaje será del 3% del valor catastral.
Esta medida no ha sido muy bien recibida entre los expertos del sector, que creen que la clave para incentivar una inyección de pisos al mercado del alquiler no es "castigar al propietario, sino ofrecer una mayor seguridad jurídica a los caseros ante los casos de impagos" y también impulsar una normativa, haciendo referencia a la Ley del Suelo, que agilice la puesta en el mercado de terrenos para construir más vivienda. "Si aumenta la oferta bajarán los precios", aseguran.
Por otro lado, el PSOE quiere implantar un impuesto del 100% a la adquisición de viviendas por parte de compradores extracomunitarios no residentes en España y también se plantea aumentar la tributación de socimis del 15% al 25%, salvo si ofrecen alquileres accesibles con el fin de que los inversores se enfoquen en el desarrollo de vivienda asequible y social.
El sector pide consenso político
La propuesta legislativa del PSOE enfrenta desafíos en el Congreso debido a la fragmentación política. Aunque algunas medidas cuentan con el apoyo de aliados como Sumar, otras, como las bonificaciones fiscales para propietarios que reduzcan sus alquileres, han sido criticadas por considerarse beneficiosas para los rentistas.
Desde Asval, la asociación que representa tanto a grandes como pequeños caseros en España, creen que esta medida "puede actuar como un estímulo directo a la movilización de vivienda hacia el alquiler residencial de larga duración", pero advierten que "tan importante como el diseño de la medida es su ejecución práctica". Helena Beunza, presidenta de Asval, destaca que "la propuesta no aclara con suficiente precisión cuál será el parámetro que marcará el umbral de renta que permite acceder a la bonificación".
Así, advierte que "si dicho umbral se define en función de los precios reales de mercado, la medida puede ser eficaz. Pero si, por el contrario, se vincula a referencias como el índice SERPAVI, que no representa de forma fiable los precios efectivos del alquiler, el incentivo fiscal puede quedar anulado en la práctica, ya que el esfuerzo de rebajar rentas para cumplir los requisitos superaría con creces el beneficio obtenido".
Por otro lado, respecto a aumentar la fiscalidad a las viviendas vacías, Beunza destaca que "la experiencia ha demostrado que este tipo de medidas penalizadoras no resulta eficaz para movilizar vivienda vacía hacia el alquiler". En cambio, lo que verdaderamente condiciona la decisión de un propietario para sacar al mercado una vivienda cerrada "es la falta de seguridad jurídica". "El riesgo de impagos, fraudes contractuales, ocupaciones ilegales o largos procesos judiciales disuade a muchos titulares, especialmente a personas mayores o con pocos recursos.
Por tanto, la posición de Asval no puede ser favorable a medidas que profundizan en la penalización fiscal. Lo que se necesita es un entorno más seguro, ágil y predecible para arrendar, no más cargas e incertidumbre", destaca la presidenta de la asociación.
Desde Alquiler Seguro, una de las grandes gestoras de pisos en arrendamiento, su presidente, Antonio Carroza, destaca que "lo que más nos preocupa de esta situación es la falta de consenso en políticas de vivienda y la ausencia clamorosa de un pacto de Estado de todas las fuerzas políticas para empezar a ofrecer soluciones reales a la crisis de vivienda que estamos sufriendo". Así, Carroza considera que "se están dando palos de ciego, el último es la proposición de Ley presentada en solitario por del PSOE en el Congreso de los Diputados y que veremos si sale adelante o no".
En este sentido, el directivo recalca que "la ley de vivienda no funciona y ha destruido en dos años más de 120.000 viviendas que estaban en alquiler residencial, mientras las colas del alquiler no paran de crecer, con Barcelona en el epicentro del problema"
