Madrid
Mientras el gobierno sigue deshojando la margarita sobre prorrogar la actividad de la nuclear de Almaraz al menos hasta 2030, la madrugada del Miércoles Santo las dos unidades de la Central dejaron de aportar electricidad a la red. No por razones técnicas o de seguridad, sino porque en un contexto en el que las condiciones climatológicas hicieron desplomarse los precios de la luz por la elevada penetración renovable, la inasumible carga impositiva que soporta esta tecnología llevó a tomar la decisión de parar ambos reactores.
La presión fiscal sobre las centrales nucleares, incluida la tasa a la empresa nacional de residuos, Enresa, ha subido un 430% desde 2008, con el añadido de que durante 2020 se ha incrementado con nuevos impuestos y cargas y con la subida de un 19% en la tarifa para financiar Enresa. Decisión de cese que fue seguida el jueves por la central nuclear de Cofrentes al argumentar su empresa responsable, Iberdrola, que la elevada carga impositiva asfixia su viabilidad, mientras Trillo permanece parada desde finales de marzo por recarga.
Situación que pone en riesgo la sostenibilidad de nuestro sistema energético y la industria porque las plantas nuclear son absolutamente necesaria para momentos en los que las renovables no producen por falta de sol o viento, además de un elemento equilibrador en la tarifa eléctrica. Recordar que en un alarde de responsabilidad y ante la subida de los precios de la electricidad la Comisión Europea aprobó que las inversiones en energía nuclear y gas natural se consideren sostenibles en la transición ecológica, es decir, dar la calificación de "inversión verde" a los proyectos que sustituyan al carbón y emitan hasta 270 gramos de CO2 por kW/h.
Una medida a la que se opone activamente el Gobierno de Sánchez en España preso de eso que mi amigo y compañero Juan Berga define como "furia verde", que una vez más se empeña en ir contracorriente y que ni sabe ni se atreve a plantear las soluciones a largo plazo y duraderas para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico y racionalizar el tránsito hacia esa transición ecológica que todos defendemos, pero garantizando siempre un coste asumible y razonable que no condene a la pobreza energética a las clases trabajadores y más desfavorecidas de la sociedad.
Soluciones que deberían tener como ejes fundamentales una reforma fiscal que libere a los consumidores de todos los impuestos que son ajenos a la generación y distribución de la electricidad, por un lado; y por otro un Plan Energético Nacional, serio, realista y basado no en decisiones políticas sino en los recursos, capacidades y necesidades del país con el menor impacto posible sobre el bolsillo de los ciudadanos.
Plan Energético que pasa ineludiblemente por acabar con esa demonización hipócrita de la energía nuclear, porque mientras aquí se prescinde de ella Francia tiene 80 centrales nucleares, algunas a menos de 100 kilómetros de las fronteras españolas, con un precio de la electricidad más barato que el que pagamos en España donde sólo hay siete y en proceso de desmantelamiento. Pero no es sólo el país vecino. El Reino Unido dispone hoy de 16 nucleares activas y ha iniciado la construcción de otras seis nuevas, Alemania y Bélgica están reactivando las suyas. Y China con 16 nucleares activas y 27 inactivas está elaborando un programa de impulso a la energía nuclear como herramienta clave para reducir sus emisiones de CO2.
Porque la energía nuclear es limpia, barata y las centrales nucleares se encuentran entre las instalaciones más seguras del mundo desde el punto de vista tecnológico y físico. Disponen de tres niveles de seguridad que abarcan desde el diseño de la instalación hasta los procedimientos de funcionamiento y el entrenamiento del personal de operación. De los primeros trabajos realizados para calcular la probabilidad de los accidentes de gran magnitud, que se resumen en el informe WASH-1250, se deduce que la probabilidad de un accidente catastrófico en una central nuclear es sólo del orden de 1 en 1.000.000.000 por año de funcionamiento, muy inferior, por ejemplo, al riesgo en la aviación. Y en el caso concreto de España nunca ha habido un suceso clasificado como accidente según la escala INES (International Nuclear Event Scale). Esta es la realidad y lo demás prejuicios ideológicos, demagogia y furia verde.