El Partido Popular (PP) ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley para extender la vida útil de las centrales nucleares españolas. La encargada de hacerlo ha sido Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP.
"Hacerlo no es una opción, sino una necesidad. Si no prorrogamos la vida de las centrales, se incrementaría nuestra dependencia de terceros países y perjudicaría a nuestra autonomía estratégica. No existe alternativa alguna por parte del Gobierno más allá de quemar gas, lo cual incrementaría los precios de la energía y emitiría más CO2 a la atmósfera", ha justificado la responsable del partido en materia energética.
Según ha explicado Martín en un encuentro con medios, desde Génova esperan que la propuesta de ley obtenga el apoyo parlamentario necesario para salir adelante. En concreto, depositan su confianza en repetir la misma mayoría con la que sacaron adelante el pasado mes de febrero la Proposición No de Ley. Es decir, con la abstención o el voto favorable de los partidos independentistas Junts y ERC. "Deseamos que los grupos parlamentarios, y en especial los diputados de los territorios nucleares, tengan en cuenta la propuesta y la apoyen", recalcó la diputada.
Propuesta con cuatro artículos
El mecanismo bajo el cual pretenden prolongar la vida útil de las centrales es que sean las empresas propietarias quienes puedan solicitar su prórroga y, si el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emite un dictamen favorable, el Gobierno esté obligado a concederla. También prevé que esta petición pueda emanar del propio Gobierno por razones de seguridad energética o de suministro. Si bien esta segunda posibilidad estaba incluida en la ley del sector eléctrico, la nueva propuesta del PP refuerza esta posibilidad y despeja cualquier duda en torno a esta figura.
En este sentido, cabe destacar que el Reglamento (UE) 2019/943 sobre el mercado interior de la electricidad establece las condiciones para que un Estado miembro pueda intervenir para garantizar la seguridad de suministro. Según estas, si el Gobierno obliga a una central a permanecer operativa por motivos de seguridad del sistema o de reservas estratégicas, debe garantizar una remuneración adecuada a esa central para cubrir los costes de operación. Es decir, la fórmula propuesta por el PP podría propiciar que las empresas propietarias de las centrales podrían permanecer inmóviles si no ven adecuadas las tasas propuestas por Enresa, de tal forma que el Gobierno tuviera que otorgarles una remuneración.
Junto con esta medida central, le ley también conllevará en su articulo 2 que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Enresa, actualice su Plan de Residuos Radiactivos conforme a los supuestos nuevos calendarios de cierre. Aunque el artículo no lo menciona, a la práctica implicaría que en ese nuevo Plan de Residuos Radiactivos, Enresa determinaría las nuevas tasas, uno de los principales motivos de disputa.
Por último, el texto legal exigiría, dada la ampliación de la vida útil de alguna central, la actualización tanto del PNIEC como de la Estrategia de Seguridad Energética Nacional —la cual lleva sin actualizarse desde el 2020—, conforme a las nuevas e hipotéticas nuevas fechas de cierre.
Con esta ley, el PP pretende conseguir cuatro objetivos: garantizar la seguridad de suministro, mantener la competitividad industrial y avanzar en la descarbonización, evitar subidas drásticas en la factura de la luz y, a nivel local, proteger el empleo y el desarrollo económico de las zonas sobre las que se asientan las instalaciones nucleares.
En su argumentario, el PP achaca su postura a la mencionada seguridad energética y a la garantía de suministro. Pero también se escuda en el ejemplo de otros países del continente, así como en las medidas adoptadas por órganos europeos, como la Comisión Europea o el Banco Europeo de Inversiones (BEI), donde precisamente tienen mucho peso voces socialistas. "La ceguera del Gobierno nos lleva al apagón y la renuncia a esta fuente de suministro nos convertirá en una región marginal", criticó Martín.
