Madrid
El pasado 28 de marzo y tras duras negociaciones, Yolanda Díaz convenció a María Jesús Montero para que a los perceptores del Salario Mínimo (SMI) se les devuelva en 2026 lo que pagarán este año de más por la subida de esta retribución. La fórmula elegida para ello consiste en introducir una deducción de 340 euros en la cuota del IRPF, es decir, sobre la cantidad que corresponde pagar.
De este modo, la Agencia Tributaria devolverá a estos contribuyentes en la declaración de la Renta de 2025 el importe de más retenido en sus nóminas durante este ejercicio. Con este procedimiento, se evita elevar el mínimo exento, lo que supondría un coste para la recaudación mucho más elevado. De hecho, el recorte para las arcas públicas se limitará a 200 millones, mientras que con una medida generalizada la pérdida de ingresos para Hacienda hubiera llegado a más de 1.500 millones. El problema es que, según el Reaf, la enmienda del Gobierno para efectuar estas devoluciones limita al 50% la deducción del SMI, lo que obligará a estos trabajadores a pagar 170 euros de medio de IRPF.
Tal circunstancia se debe a que en la enmienda, Hacienda se ha 'olvidado' de manera incomprensible de crear la deducción para neutralizar la tributación en el tramo autonómico. De hecho, el texto limita la modificación en la Ley del IRPF a la deducción en el tramo estatal. Hacienda se ha apresurado a asegurar que corregirá el fallo que impide devolver todo el IRPF a los trabajadores que cobren el SMI. Con todo, resulta inadmisible que el Gobierno cometa un error garrafal de tal calibre con una normativa que afecta a aquellos contribuyentes que menos cobran y que, precisamente, son los que el Gobierno siempre dice defender.