El Gobierno ha subido el salario mínimo interprofesional. Desde el grupo de estudio de la propuesta, en el que no participaba ningún experto propuesto por la patronal, se proponía fijarlo en el 60% del salario medio neto. Barajaron dos cifras distintas, el 3,44% o el 4,41%, según el criterio utilizado para calcular dicha retribución media.
El ejecutivo optó por la mayor de las dos cantidades y afectará de manera directa a 2.000.000 de trabajadores e indirecta a la mayoría del mercado laboral.
La medida cuenta con la oposición de la CEOE que estaba de acuerdo en una subida del 3%, siempre que se aplicasen bonificaciones al sector agrario, especialmente vulnerable a los incrementos de costes.
En realidad, la subida del salario mínimo es un asunto controvertido en política, en donde se entremezclan las posiciones ideológicas y los intereses electorales de cada uno. El debate no es más pacífico entre los economistas, que realizan proyecciones sustancialmente diferentes en función de los modelos económicos utilizados tintados, en ocasiones, de afinidades ideológicas.
La teoría clásica, generalmente contraria a la intervención pública en los mercados, concluye que una retribución por encima del salario de mercado genera un exceso de oferta, es decir, paro.
En el otro extremo, se encuentran economistas como David Card, premio Nóbel en 2021, cuyos trabajos en la universidad de Berkeley han demostrado que el aumento del salario mínimo puede tener el efecto contrario. Así lo detectó en New Jersey para algunos sectores productivos.
En España, desde 2018, la retribución mínima ha crecido un 54%, mucho más que los precios (19%), lo que supone ganancia de poder adquisitivo de las rentas más bajas y pasando de ser una de las más bajas de Europa en comparación con la media salarial del país, a una de las más altas.
Si bien el análisis de la realidad española de la importante subida aprobada en 2019 va en la línea de afianzar la idea de David Card, en el sentido de que no se resintió el desempleo, queda alguna duda sobre lo que no es posible medir, es decir, sabemos que no se perdieron empleos, pero no podemos afirmar si la generación de nuevos empleos se vio dañada. Algunos analistas defienden que sí, pero son meras proyecciones.
De otra parte, en ciencias sociales que un fenómeno se haya producido en el pasado no significa que vaya a repetirse en el futuro, por lo que las posiciones a favor y en contra de una nueva subida se rearman para cada ocasión.
La economía española tiene varias singularidades. La primera es que el 99,8% del tejido empresarial con microempresas, pequeña y mediana empresa, representando el 66% del empleo empresarial total. Por tanto, cualquier medida que afecte a sus costes debe tomarse con las precauciones necesarias y, sobre todo, con el máximo consenso posible.
La otra característica del sistema productivo nacional es que los sectores que absorben mano de obra son el servicio doméstico, la agricultura y la hostelería, por tanto, precisamente en los ámbitos en que la subida del salario mínimo tiene más impacto.
Las previsiones económicas para el año 2025 son moderadamente optimistas, pero no están exentas de riesgos. Algunos de ellos completamente incontrolables desde lo local, como la evolución de la guerra en la franja de Gaza y en Ucrania o las políticas comerciales que desarrollará la administración Trump y como afectarán a la Unión Europea.
En lo interno, los precios de la vivienda, la crisis de COVID-19 y la inflación vivida en los últimos años han tenido como consecuencia que la tasa de ahorro de los hogares haya aumentado, eliminando los elementos estacionales, en más del 7% en el último trimestre de 2024 desde 2021.
Es decir, que aumentos en la renta pueden no verse traducidos en aumentos del consumo suficientes como para reactivar la demanda interna.
Estos dos factores, la incertidumbre geopolítica y las dudas acerca de la evolución de los indicadores económicos de crecimiento, pueden generar fluctuaciones en las que los incrementos salariales tengan unas consecuencias más negativas que las ocurridas en 2019.
Los otros aspectos, además de la generación de empleo, que pueden verse afectados por el aumento del salario mínimo son la desigualdad salarial y el aumento de peso de los sectores en los que la productividad es mayor, son los argumentos de los sindicatos.
El efecto reasignación de la fuerza laboral, por el que los aumentos salariales conducen a que las empresas más productivas reciben trabajadores procedentes de empresas más pequeñas y con bajos salarios, puede tener incidencia, pero, sin duda, el cambio de la estructura económica hacia sectores más innovadores y tecnológicos es una cuestión bien distinta.
En definitiva, la subida salarial mínima adolece del pecado original de no ser resultado del consenso, probablemente la decisión viene más influida por la necesidad política coyuntural del Gobierno y le ha faltado análisis coste-beneficio de las consecuencias.
Existen riesgos e incertidumbres reales que pueden contradecir lo que ocurrió en 2019, no es momento de populismos ni mucho menos decisiones electorales, sino de búsqueda de consensos entre los agentes económicos y, sobre todo, la definición estratégica de la estructura productiva que debe tener el país si queremos mejorar en términos de productividad y de competitividad.
