Madrid
Avanzando un paso más en su deriva autoritaria el gobierno del sanchismo aprobaba esta semana el decreto parara endurecer los criterios de creación de nuevas universidades privadas reformando el real decreto de 2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades que ellos mismos habían aprobado.
Una nueva regulación normativa que obliga a las nuevas universidades a superar el informe de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), dependiente del Gobierno, además de, entre otros requisitos, garantizar un mínimo de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de ejercicio. Y una nueva decisión intervencionista que ahonda en el desprecio a la Constitución y en la ofensiva de este gobierno contra la iniciativa privada, la libertad de empresa, la libre competencia y la economía de mercado que consagra nuestra Carta Magna.
"No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador que tiene que tener una beca para poder estudiar", afirmaba con su acostumbrada diarrea verbal la vicepresidenta María Jesús Montero, mientras calificaba de "pijos" a los estudiantes de los centros privados, ultrajando y desacreditando a miles de profesionales, entre ellos compañeros suyos del PSOE y del Gobierno, incluido su jefe Pedro Sánchez. Insolencia que fue refrendada después por los aplausos enfervorizados del auditorio lanar del sanchismo, que no del socialismo. Porque el PSOE ya no existe. Ha sido la primera víctima de Sánchez.
Unas palabras, las de la vicepresidenta que avalaba un días después del propio presidente del gobierno proclamando que "la universidad no puede ser una fábrica de títulos sin garantías. ¿Lo dice por propia experiencia? Recordar que Pedro Sánchez es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial, un centro privado adscrito al CEU, y doctor en Economía y Empresa por la Universidad Camilo José Cela, otra universidad privada, donde leyó una tesis denunciada por plagio ante un Tribunal preparado ex profeso para él.
El mismo Sánchez que ha hecho de la desunión y el enfrentamiento eje de su estrategia política para mantenerse en el poder y que ahora abre un nuevo frente de polarización y otra cortina de humo para tapar los problemas judiciales que afectan a su mujer, a su hermanísimo, a su partido, a su ex mano derecha, José Luís Ábalos, y a su Fiscal General del Estado. La realidad es que la universidad privada ha ido superando a la pública. Como muestran los datos del informe del observatorio sectorial DBK en las universidades públicas estudian actualmente un grado 1.077.830 alumnos, el 78,2% del total frente a 300.994 en las privadas, el 21,8%. Pero desde el curso 2015-2016, el número de estudiantes matriculados en centros públicos ha descendido un 6%, mientras los estudiantes de universidades privadas crecían un 68%. Y en el mismo periodo, el número de alumnos matriculados se ha multiplicado por 1,5 en las públicas y por un 3,2 en las privadas.
Esta evolución del alumnado se traduce también en la evolución del volumen de negocio generado por las universidades privadas que en el último ejercicio se ha elevado hasta los 2.745 millones de euros, un 12,5% más que en 2022. Crecimiento que se elevaría hasta el 36% si se computa desde el año 2017, lo que explica que estos centros educativos se consideren hoy como "altamente rentables" por los inversores.
Estos son los que Pedro Sánchez ha calificado también como "chiringuitos educativos", cuando para hablar con propiedad de chiringuitos debería referirse al que la Universidad Complutense, un centro público, montó para su mujer Begoña Gómez, sin tener la preparación y los requisitos necesarios y que ahora está siendo investigada por los tribunales por presuntos tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Pues eso.
