Se define como creativa a aquellas técnicas contables legales que modifican los resultados o el patrimonio de una sociedad para presentarlos de forma más atractiva. Y a esa técnica, que se ha convertido en subterfugio habitual de La Moncloa, volvía a recurrir el Gobierno para maquillar sus últimas estadísticas sobre la evolución del mercado laboral. Porque, díganme si no es para creer en gafes o tener mal fario que el mismo día en que el Gobierno aprueba a bombo y platillo el decreto de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, el Servicio Público de Empleo les reviente la fiesta con los peores datos del paro registrado en más de una década.
Un total de 38.725 parados más en enero, hasta sumar 2.599.600 personas, con una caída de 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social. Y eso si nos creemos las cifras oficiales porque si a los reconocidos por el Ministerio de Trabajo sumamos los 362.824 con disposición limitada que demandan un empleo específico, los 196.105 bajo el epígrafe de "otros no ocupados", los 16.339 afectados por ERTES y los más de 800.000 fijos discontinuos inactivos el total de trabajadores registrados en el SEPE y que están realmente en paro supera los 3,9 millones de personas, casi un millón y medio más de los que cuentan las cifras del Gobierno.
Estos son los datos que el presidente Pedro Sánchez calificaba de "particularmente esperanzadores" en ese "día histórico" en que la ministra, que dicen se ocupa del Trabajo, imponía manu militari una reducción de jornada laboral con el objetivo primordial de intentar dar aire a una formación política, Sumar, que las encuestas estiman en fase de extinción, y despreciando el diálogo social que es una de las bases del sistema democrático, en el que no cree.
Resultaría inverosímil, si no fuera una realidad, que en un país lidera el desempleo de la UE, donde la contratación indefinida apenas supera el 35% del total de los contratos, que tiene un millón de personas que compaginan dos o más empleos, donde hay 81.000 empresas menos desde que gobierna Sánchez y la productividad ha caído un 1,9% siendo ya un 20% por debajo de los países industrializados, el Gobierno y los sindicatos mayoritarios se preocupen sólo de imponer medidas demagógicas en contra de la lógica económica y la realidad social que se convierten en una bomba de relojería contra la inversión, el crecimiento y el empleo en lugar de dedicarse a crear puestos de trabajo.
Añadir a esto que la tasa actividad en España, es decir, nivel de actividad en trabajo que tiene un país, se sitúa en el 58,6%, a niveles de los años ochenta del pasado siglo, a la cola de la UE y casi 17 puntos por debajo de la media de nuestros socios europeos. Además de que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan la jornada laboral media en 34,5 horas debido a las elevadas tasas de absentismo.
Como hemos resaltado en anteriores ocasiones, recientes estudios estiman que la reducción de jornada planteada supondría un coste de 42.400 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas, 11.800 millones por las horas perdidas y 30.600 millones por lo que dejaría de producirse, afectando especialmente a los sectores de transporte, comercio, hostelería e información y telecomunicaciones. Todo ello con el añadido de que los continuos cambios regulatorios, tanto en el ámbito fiscal como laboral, introducen inseguridad jurídica a la hora de llevar a cabo nuevos proyectos de inversión y paralizan las inversiones exterior.
Y esto en un mercado laboral que, como explican desde el Gabinete de Estudios de USO está "muy afectado por la estacionalidad y por tanto por la temporalidad de la relación contractual que, aunque se denomine indefinida, siguen siendo contratos de temporada". Es decir, que como venimos reiterando desde hace tiempo, en la España del tándem Sánchez&Yoli Producciones no se crea empleo, se reparte el escaso empleo existente.
Claro que ahora para que se apruebe el decreto en el Congreso Sánchez, con Yoli que se postula como enviada especial a Waterloo, tendrá que volver a humillarse y humillarnos para pedir permiso a su jefe Puigdemont que aunque no gobierna en Cataluña es el quien de verdad manda hoy en España.
