El coste mínimo que para una empresa supone contratar a un trabajador se ha elevado de manera considerable desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en junio de 2018. En concreto, dicha partida se eleva prácticamente un 62% al pasar 13.800 euros a más de 22.300 en la actualidad.
Un desmedido incremento que se debe casi en idéntica proporción tanto a las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como a las medidas incluidas en la última reforma de pensiones que elevan el coste de los pagos de las empresas a la Seguridad Social.
De hecho, y si se tiene en cuenta el nuevo incremento del SMI que el Gobierno espera aprobar este mismo mes (4,4%), esta retribución crece más de un 62% al pasar de 10.300 euros a 16.576 euros. En cuanto a las cotizaciones, las subidas decretadas por el Gobierno más medidas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) obligan a las empresas a incrementar el pago un 61%,desde 3.500 euros en 2018 a 5.742 en 2025. Los datos reflejan el mayor esfuerzo económico que las empresas deben afrontar para contratar a los trabajadores cuya nómina corresponde al SMI.
Es por ello evidente que el alza desmedida de esta retribución, la segunda más elevada de toda Europa tras Lituania, unida a la propia de las cotizaciones perjudica en mayor medida a aquellas personas que aspiran a incorporarse al mercado laboral o cuya actividad radica en sectores de bajo valor añadido. Pero además de golpear la creación de empleo, el encarecimiento de la contratación eleva los costes laborales de las empresas, lo que supone un golpe para la competitividad y la productividad, lo que lastra sus posibilidades de invertir y crecer. Un nefasto impacto que las pymes sufren en mayor medida.