A hora que tanto se habla de comisiones, en el Parlamento, en los medios de comunicación en los tribunales y en la calle, nos hemos enterado de que el Gobierno ha aumentado la subvención para 2025 a los llamados sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, hasta los 32 millones de euros, el doble de lo que percibían en el año que ahora finaliza. Cifra que supone un máximo histórico y que desde el Ejecutivo justifican por la subida del IPC y el incremento de sus atribuciones participativas tanto a nivel nacional como internacional.
Pues si nos atenemos al argumento de la inflación lo justo, lo serio y lo correcto hubiera sido subir esta subvención sindical en línea con el incremento del 2,8% que se ha aprobado para las pensiones y no ese premio gordo del 50% que apesta a nepotismo.
Y en el caso de las atribuciones participativas, visto las gestiones realizadas en el año, ninguna en favor de la creación de empleo, suponemos que en el escenario nacional deben referirse al pago al servilismo político y a los servicios prestados a la ministra denominada de Trabajo para expoliar al sector productivo, romper el diálogo social e imponer manu militari medidas como la subida del SMI o la reducción de la jornada laboral, si atender las razones de las empresas y de los expertos.
Mientras que a nivel internacional la única aportación relevante, no a los trabajadores sino al sanchismo gobernante y asociados, ha sido la misión de Pepe Álvarez, reelegido secretario general de la UGT, como correveidile de Sánchez ante el jefe Puigdemont. Visita previa a la que todo apunta está preparando el propio Pedro Sánchez para rendir pleitesía a un delincuente fugado de la justicia y en un país extranjero.
A esto es a lo que han llevado a CCOO y UGT el citado Pepe Álvarez y su colega Unai Sordo, muy alejados de la honestidad y sensatez de sus líderes históricos, Marcelino Camacho y Nicolás Redondo, o de sus sucesores como José María Fidalgo, Cándido Méndez o Ignacio Fernández Toxo. Sindicatos que se han convertido en meras organizaciones burocráticas, limosneras de subvenciones oficiales. Sindicatos que cada uno de ellos nos cuesta a los españoles más que la Casa Real, cuando cada día la sociedad española demuestra con su deserción y una afiliación a la baja y cada día más precaria que no la representan.
Y con ellos una ministra cuyo balance en cuatro años al frente del Ministerio de Trabajo es haber situado a España como el país con la mayor tasa de paro de las economías desarrolladas, superando a Turquía y Grecia, sustituir el diálogo social por la imposición dictatorial, adulterar las estadísticas de desempleo que tienen más trampas que las encuestas de Tezanos, y trasladar la rotación en el empleo a la contratación indefinida hasta el punto de que hoy ha dejado de ser sinónimo de tener y mantener un empleo estable social. Porque en vez de crear empleo, se reparte; lo que explica la caída de la productividad y de las horas trabajadas.
La misma que ahora se descuelga anunciando una reforma del despido, que todavía no concreta, con sin tener en cuenta que el 99% de nuestro tejido empresarial son pymes y autónomos, que el esfuerzo fiscal que soportan las empresas españolas es un 17,8% superior al de la UE, que España está entre los países que tienen peor competitividad fiscal de la OCDE con un fuerte retroceso en la actual legislatura, con la inversión tanto nacional como extranjera en caída libre y obviando, por prejuicios ideológicos o por ignorancia que son sólo las empresas quienes crean riqueza y puestos de trabajo mientras que las administraciones sólo crean funcionarios. Y como muestra un dato, desde que gobierna Sánchez la plantilla pública ha crecido en 407.139 nuevos empleos y la factura por el pago de nómicas de las administraciones ha subido en 35.727 millones desde 2018 y super ya los 164.000 millones anuales. Amén.
