Madrid
Hemos hecho el ridículo internacional. Mientras que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se felicitaba por la excelente gestión del huracán de Florida en su primera intervención tras las elecciones, los políticos españoles se enzarzan en una campaña de reproches mutuos por la DANA.
La imagen de los Reyes intentando calmar los ánimos de los miles de indignados dio la vuelta al mundo mostrando la imprevisión y la descoordinación de las administraciones públicas españolas. ¿Por qué si la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el aviso rojo a las 7:36 de la mañana, éste no se envió a los móviles de los valencianos hasta después de las 20 horas de ese martes, 29, cuando localidades como Paiporta, Chiva ó Utiel estaban ya anegadas?
La respuesta hay que buscarla en los mails de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que aún dirige Teresa Ribera. Sobre las 12 de la mañana, la CHJ envía el primero en el que advierte que el caudal de la Rambla del Poyo supera los umbrales de seguridad (264 metros cúbicos por segundo frente a los 150 recomendados), lo que provoca que la Generalitat y Protección Civil activen una alerta hidrológica en los municipios ribereños de la rambla, que salvó muchas vidas.
A partir de ese momento, el despiste de la CHJ es imperdonable: a las 13:42, 15:00 y 16:43 envía sendos correos en los que se informa que el caudal retrocede de los 150 metros cúbicos y mantiene una "tendencia descendente". No es hasta las 18:43, ¡dos horas después!, cuando otro mail de la CHJ refleja ya una situación descontrolada, con un caudal de 1.686 metros por segundo, diez veces por encima del límite aconsejable.
¿Por qué tardó tanto en informar cuando a las 18 horas ya superaba los 1.700 metros cúbicos por segundo? Lo peor es que desde a las 17:00 horas se reunió el Comité de Emergencias (Cecopi) con los técnicos de las dos administraciones y la alarma se mandó tres horas después. Parece que su preocupación se centró en el embalse de Forata, en riesgo de desbordamiento y no en el barranco del Poyo, que provocó la gran tragedia.
Transición Ecológica y Mazón perdieron tres horas clave, que habrían podido evitar la tragedia
¿Por qué la Generalitat tardó desde la 17 horas hasta las 20:15 en enviar la alerta roja a los móviles de los valencianos? La consejera responsable de Emergencias, Salomé Pradas, reconoció que desconocía el sistema de alertas y el presidente valenciano, Carlos Mazón, no apareció hasta las 19 horas porque estaba en "una comida de trabajo" con una periodista. ¿Tan importante era para abandonar a su suerte a los ciudadanos?
La resistencia posterior de Mazón a reconocer la magnitud de la tragedia, al no solicitar recursos suficientes al Gobierno, y la mezquindad del Ejecutivo de Pedro Sánchez al movilizar a la UMED y, sobre todo, al Ejército con cuentagotas, complicó aún más las cosas en lugar de declarar la emergencia nacional.
El caos organizativo de la Generalitat es manifiesto. Hubo decenas de pequeñas empresas que ofrecieron palas excavadoras o camiones para ayudar en las labores de búsqueda de cuerpos y de limpieza, que fueron descartadas porque "obstaculizaban a los vehículos de emergencias", según se quejan éstas. Fue un ejército de jóvenes voluntarios en su lugar quienes, saltándose las prohibiciones de acceso, se echaron a las calles con palas y cubos para llegar hasta los lugares inundados, lo que generó una explosión de solidaridad, aunque su ayuda no fuera muy efectiva.
Hay cuestiones inexplicables como por qué la ministra de Defensa, Margarita Robles, invocaba problemas logísticos para mandar más efectivos del Ejército. La gigantesca descoordinación y el permanente cruce de acusaciones entre los políticos han arrojado luz sobre la inconsistencia de las costuras del Estado y provocado, en última instancia, una ola de indignación que estalló durante la visita de los Reyes.
Cientos de personas han muerto por la imprevisión de las administraciones y los cientos de miles que sobrevivieron quedaron desabastecidos y desesperados para atender sus necesidades básicas. Sánchez anunció un primer plan de 10.600 millones, un tercio de lo demandado por Mazón, pero condicionó su ampliación a la aprobación de los Presupuestos. Una especie de chantaje a la oposición del PP para lograr su apoyo, que Alberto Núñez Feijóo denunció de inmediato.
El Consejo de Ministros tiene la prerrogativa de utilizar el fondo de contingencia o de aprobar créditos extraordinarios, de acuerdo a la Ley General Tributaria. Además, la UE autorizó a redistribuir los fondos de cohesión o los Next Generation. Al cierre del tercer trimestre se habían ejecutado pagos de éstos últimos por sólo 5.000 millones, frente a los 36.250 comprometidos, menos del 14%.
Del plan de rescate de Sánchez llama la atención la pequeña cantidad destinada a las empresas, poco más de 800 millones. El presidente valenciano evaluó en 7.000 millones el coste de restaurar los enormes daños sufridos en parques empresariales. Así, las personas que hayan perdido sus casas podrán percibir hasta 60.480 euros a fondo perdido, más 10.300 euros para la compra de enseres del Gobierno, a los que se suman otros 6.000 de la Generalitat. Sin embargo, las pequeñas empresas y establecimientos comerciales sólo podrán acceder a una subvención equivalente al 7% de los daños indemnizables, con un tope de 36.900 euros. Es decir, menos de la mitad que un particular.
En el mundillo empresarial sentaron muy mal las primeras palabras de Yolanda Díaz, que instaban a los afectados a teletrabajar, cuando estaban sin luz ni internet y, muchos de ellos sin casa, y les animó a no acudir al trabajo para dedicarse a las labores de limpieza. Para más Inri, acaba de reforzar la inspección de Trabajo.
El lunes el Gobierno aprobará un Real Decreto para que los afectados accedan a permisos retribuidos por las empresas de manera indefinida y sin necesidad de recompensarlos. ¿Cómo van a mantener sus plantillas las empresas que se quedaron sin existencias o con sus instalaciones dañadas por la riada? Están abocadas a desaparecer.
Aún peor fue la reacción de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que calificó de "criminales" a Mercadona, Inditex, Coca-Cola o Ikea, por mantener "activos a sus trabajadores", cuando la tienda de Ikea en Alfafar, por ejemplo, sirvió de refugio para más de 700 empleados de la zona, que evitaron así volver a sus hogares. De juzgado de guardia.
Cada pyme podrá tener subvenciones de 37.000 euros y los afectados de más de 70.000, el doble
Fuentes de Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, advierten que es una situación sin precedentes que puede llevar al cierre de cientos de pequeños negocios y autónomos. Cepyme explica que pese a los Ertes o los aplazamientos de préstamos, la diferencia con otras catástrofes como Lorca o el terremoto de La Palma es que en Valencia se produce una destrucción total ó parcial de las instalaciones industriales ó comerciales, con un coste de reconstrucción, que muchos no podrán afrontar, ya que los seguros sólo cubren un porcentaje.
Los empresarios también reclaman que se suspenda la prohibición de despedir para los que se acojan a los Ertes. "Muchas empresas podrían subsistir con parte de la plantilla, pero si están obligadas a readmitir a todos, probablemente, tengan que cerrar". Sus reivindicaciones están siendo trasladadas al Gobierno, pero es como un diálogo de sordos.
Nadie ha puesto tampoco sobre la mesa un plan de inversión en infraestructuras hidráulicas para evitar más catástrofes en el futuro. Con el cambio climático, los expertos alertan de que aumenta la probabilidad de que se repitan estos eventos meteorológicos.
elEconomista desveló que tres presas proyectadas hace más de una veintena de años en la cabecera del barranco del Poyo están aún sin construir. Los cauces estaban atascados con cañas y palos, lo que creó retenciones que agravaron la riada por la falta de limpieza. Para más Inri, la conexión entre la dichosa rambla y el Turia, que hubiera evitado inundaciones en localidades próximas a Valencia como Aldaya, se paralizó por la Ley de Huertas aprobada por Ximo Puig.
La zona afectada por la DANA no es la de mayor riesgo de la costa levantina. Urge por ello actualizar el plan hidrológico y poner en marcha las obras proyectadas, de las que sólo están hechas la mitad. Queda aún mucho trabajo por hacer en vez de tirarse los trastos a la cabeza.
