La política de competencia como motor del cambio en Europa

En un contexto donde la economía europea se enfrenta a desafíos sin precedentes, es más crucial que nunca reflexionar sobre el papel de la política de competencia en la construcción de un futuro sostenible. Las recientes XV Jornadas Nacionales de Defensa de la Competencia, celebradas en Bilbao por la Autoridad Vasca de Defensa de la Competencia (LEA/AVC) en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), han puesto de manifiesto la importancia de la colaboración entre las distintas autoridades de competencia, tanto autonómicas como la estatal, y la necesidad de una respuesta coordinada ante la realidad cambiante del mercado.

El 'informe Draghi' sobre el futuro de la competitividad en Europa, recientemente presentado en Estrasburgo, marca un hito en este debate. La afirmación de que Europa debe cerrar la brecha de innovación con otras potencias mundiales no es solo una llamada de atención. El crecimiento de la productividad de Europa depende de ello, por lo que es necesario acometer reformas.

Es preciso revisar la regulación bajo el parámetro de los principios de regulación económica eficiente. En la elaboración de disposiciones normativas no se deben introducir barreras de entrada que no sean necesarias y proporcionadas, y se deben eliminar aquellos obstáculos que impidan o dificulten la implantación y el crecimiento de las empresas en el mercado interior. Además, es importante asegurar la neutralidad competitiva y evitar distorsiones como la obtención de ventajas indebidas por parte de algunas empresas.

Las autoridades de defensa de la competencia podemos contribuir en la consecución de regulaciones económicamente eficientes trabajando en colaboración con los diferentes estamentos con competencia reguladora (desde los municipios, hasta los órganos legislativos), así como mediante la colaboración a través de la red de coordinación de la que formamos parte las autoridades de competencia. Ordenamientos coherentes y seguridad jurídica son imprescindibles para los operadores económicos.

Durante las jornadas, quedó claro que existen sectores estratégicos que requieren de especial atención y sobre los que debe poner también el foco la política de competencia en tanto que estimula la productividad, la inversión y la innovación.

El sector energético se enfrenta a grandes retos como consecuencia de los objetivos climáticos, debemos alcanzar la descarbonización sin perder competitividad, para lo cual es necesaria una planificación coherente y sacar provecho de los recursos que tiene Europa, líder en energías renovables. La innovación sigue siendo clave.

Aquí, de nuevo, todos debemos arrimar el hombro. La colaboración entre autoridades de diferentes niveles se vuelve indispensable para garantizar que las políticas que se implementen no solo sean efectivas, sino también justas y equitativas.

Otro de los sectores estratégicos, tal y como quedó patente durante la pandemia, es el agroalimentario, asunto de máxima prioridad. Este ámbito se enfrenta a retos significativos que requieren una atención especial y coordinada. Tal y como se puso de manifiesto en la mesa redonda, se trata de un sector muy vulnerable y que presenta muchas asimetrías en el poder de negociación. En este sentido, las leyes que regulan el funcionamiento de la cadena alimentaria resultan claves para su mejora. En lo referente a la cadena de distribución, nuevamente, la existencia de disparidad normativa y las barreras regulatorias presentan dificultades que deberían ser atajadas.

El sector agroalimentario es un asunto de máxima prioridad, ya que se enfrenta a retos que requieren una atención especial y coordinada

En lo que se refiere al ámbito deportivo, pudimos ponernos al día sobre el cambio de paradigma que se ha producido como consecuencia de recientes sentencias europeas. En este ámbito hemos visto la transformación operada en la regulación de los eventos deportivos lucrativos. De ser considerada excluida de las reglas de la libre competencia, pasa a considerarse una actividad económica plenamente sometida al derecho de la competencia. La comercialización de los derechos audiovisuales fue también objeto de debate.

Conviene también remarcar que el cambio hacia el futuro no puede dejar de lado a las nuevas tecnologías; debemos tomarlas como aliadas, y valernos de ellas haciendo un uso responsable que mejore nuestra competitividad.

En las jornadas se dieron a conocer herramientas de inteligencia artificial empleadas incluso para detectar de oficio prácticas anticompetitivas. Entre los ejemplos que pudimos escuchar destaca su empleo en la detección de conductas colusorias en las licitaciones públicas. Se trata de un claro ejemplo de cómo la innovación puede y debe ser un componente fundamental en nuestra actividad.

La política de competencia puede aportar innumerables beneficios en nuestra vida cotidiana. Los municipios regulan e intervienen en actividades muy cercanas al día a día de las personas: la movilidad urbana, los servicios funerarios, la gestión de residuos, etc. son servicios que las entidades locales prestan y que se deben gestionar sin generar distorsiones en los mercados que podrían evitarse. Los municipios también acuden al mercado para proveerse de bienes y servicios y, en el ejercicio de dicha actividad, deben ser igualmente garantes de la libre competencia. Los beneficios que ésta aporta en términos de calidad, precio, innovación, variedad, etc. serán trasladados tanto a las empresas como a las personas consumidoras y usuarias.

En definitiva, ya sea desde la UE, a nivel estatal o autonómico, el camino hacia una Europa competitiva y sostenible es un esfuerzo colectivo que requiere el compromiso de toda la sociedad. No podemos permitir que las desigualdades y las distorsiones en los mercados pongan en peligro nuestro bienestar económico. El tiempo de actuar es ahora.