El presidente del gobierno de España utiliza la política exterior en su exclusivo interés, como si se tratase de un instrumento más de su estrategia política interna y el ministro de Asuntos Exteriores se pliega a la misma, como si no fuera diplomático de carrera. Hay varias situaciones que respaldan esta afirmación, pero basta referirse a las dos más recientes, el reconocimiento del Estado de Palestina y el choque diplomático con Argentina. En ambas, la política exterior ha quedado convertida en una política de gobierno o de partido y, en el segundo de los casos, podríamos decir, incluso, que en algo de carácter personal o familiar, al margen del interés general.
El ministro de Asuntos Exteriores nunca ha llamado al principal partido de la oposición para consensuar una agenda en política exterior que la configurase como una acción de Estado, una política que trascendiese a los partidos, o mejor, a los gobiernos que se sucedan. En este sentido, podemos referirnos al cambio radical en la posición española sobre el Sáhara Occidental, la presidencia de turno de la Unión Europea, el envío de ayuda militar a Ucrania que, por referirnos al último, ha superado los 1.000 millones de euros, al contencioso de Gibraltar o al mencionado del reconocimiento de un Estado Palestino. Nada de esto ha merecido para el ministro de Exteriores tener en cuenta o, al menos escuchar, al principal partido de la oposición.
La solución de los dos Estados, uno judío y otro árabe, estuvo presente desde el mismo momento en el que la ONU aprobó en 1947, el plan de partición en dos Estados del antiguo mandato británico de Palestina y una zona bajo control internacional que incluía Jerusalén y Belén. El plan no se aceptó ni por los países árabes, ni por los líderes palestinos y, desde entonces, resolver esa cuestión ha sido un objetivo de la diplomacia internacional que pareció aproximarse a la solución en las cumbres de Madrid y Oslo de 1991 y 1993 respectivamente. El salvaje atentado de Hamás del mes de octubre y la desproporcionada respuesta del gobierno de Netanyahu ha hecho, de nuevo, que la propuesta de los dos estados cobre relevancia como fórmula de encontrar remedio a un conflicto que dura más de 70 años.
A estas alturas, existe un amplio consenso en que la existencia de dos estados conviviendo en paz y libertad es una salida que sólo cuestionan los más radicales, porque pueden ver en peligro su propia existencia con la solución del contencioso. Pero conviene no desenfocar la cuestión, ni hablar por hablar, porque lo importante es cuándo y cómo se materializa el reconocimiento del Estado Palestino. El gobierno de España haciéndolo ahora, pretende hacer un discurso con el que conseguir votos o restar expectativas electorales a los adversarios, aunque sean sus socios de gobierno, olvidando que en estos momentos lo urgente es el alto el fuego, la liberación de los rehenes y la apertura de corredores permanentes para que llegue la ayuda humanitaria.
¿El reconocimiento del Estado Palestino debe ser el primer paso para llegar a la paz? ¿Qué efectos se piensa que tendrá en la zona? ¿Propiciará el alto el fuego? ¿La liberación de los rehenes? ¿La llegada de la ayuda humanitaria a quien lo necesita? Me temo que nada de eso. De momento, el anuncio de reconocer al Estado Palestino ha hecho que el gobierno cosechase la felicitación de las organizaciones terroristas, Hamás y talibanes, mientras los niños siguen muriendo en el sur de la Franja de Gaza y continúa la falta de alimento, energía, agua o anestesia.
Por todo esto es muy importante tener claro el cuándo y el cómo, porque ¿Cuáles son los límites territoriales de los estados? ¿Será el palestino un Estado democrático o sometido a Hamás? ¿Habrá un reconocimiento mutuo? Todas estas cuestiones deben responderse antes de tomar una decisión, porque corre el riesgo de que pueda ser leída como una victoria a los atroces atentados del siete de octubre.
Pues bien, como señalaba, este contencioso, que trasciende a un gobierno, no ha merecido para el ministro Albares ni una llamada al grupo parlamentario en el Congreso que representa por sí mismo a más ciudadanos en España. Sin embargo, el 19 de mayo sí se puso en contacto con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular para que ayudase a defender a Pedro Sánchez de unas inaceptables palabras del presidente Milei en España, con las que se refirió como corrupta a la mujer del presidente del Gobierno, cuando sólo está incursa en una investigación judicial por sus actividades mercantiles.
Del mismo modo que no hay precedente de que la mujer de un presidente del gobierno de España esté sometida a cuestionamiento público e investigación judicial por sus actividades comerciales, tampoco lo tiene que la respuesta a un exabrupto sea una acción de política exterior consistente en retirar a la máxima representación diplomática española en un país. Confundir la salida de tono del presidente argentino con un ataque a las instituciones, a la democracia y a la soberanía española, para justificar la retirada de la embajadora en Argentina, es una sobreactuación impropia del gobierno de la cuarta economía del euro. Es un error que sólo contribuye a restar credibilidad a nuestro país en los foros internacionales, pero, sobre todo, pone de manifiesto que la política exterior española no responde a los intereses generales, sino a los intereses electorales del partido en el gobierno y a los personales de su presidente.