Envuelta en la "vorágine informativa" sobre la amnistía, Milei, Palestina y la campaña de las europeas, ha pasado sino desapercibida, si con menos atención y repercusión de la que merece por sus consecuencias la nueva cesión del Gobierno a los chantajes de sus socios de la Frankestein, aprobando el decreto por el que los convenios colectivos autonómicos van a prevalecer sobre los de ámbito estatal.
Un peaje para seguir contando con los votos del PNV en el Congreso y poder mantenerse en el Gobierno, que no gobernar, que supone no sólo una ruptura de la unidad de mercado, como ha denunciado ya la CEOE, sino que es otro atentado más de Sánchez y el sanchismo gobernante contra la igualdad de los españoles y de los territorios que consagra la Constitución, añadido al de la propia amnistía a los golpistas catalanes, además de un paso más hacia la ruptura de la caja única de la Seguridad Social y, en consecuencia, hacia la desintegración de España.
Un nuevo desafuero que, complica todavía más el ya enmarañado marco regulatorio existente en nuestro país, auténtico freno a la inversión y que, además, y desde el punto de vista formal, se ha perpetrado con nocturnidad y alevosía sin consultar a las agentes sociales a los que se desprecia, rompiendo el diálogo social, también recogido en nuestra Carta Magna que establece el mandato de consultara a los agentes social modificaciones de calado en la negociación colectiva.
Y ante esta nueva tropelía de Sánchez, Yolanda y asociados, sorprende la mínima reacción de los llamados sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, que se han limitado a unas declaraciones de protesta, con la boca pequeña y sin acritud, ratificando su conversión en organizaciones burocráticas al servicio de los partidos políticos y su alejamiento de una sociedad española que demuestra cada día con su deserción y una afiliación cada día más precaria que no la representan. Sobre todo porque esta decisión de priorizar los convenios autonómicos, e incluso los provinciales, sobre los nacionales o los de sector, lo que hace es potenciar a los sindicatos locales, y en este caso concreto a ELA Y LAB, a los que se entrega el protagonismo en la interlocución, las demandas y la forma de negociación.
Ni una protesta formal, ni una movilización por parte de CCOO y UGT los mismos que se oponen frontalmente a los convenios de empresa, y acatan ahora la prevalencia de unos convenios regionales que pueden asfixiar cuando está demostrado que la generalización territorial o sectorial de los convenios obligando por igual a las empresas grandes y pequeñas, con características y estructura de costes distintas, sólo conduce a pérdidas de actividad, cierres empresariales y destrucción de puestos de trabajo, en un país que con más de tres millones y medio de parados reales es que nos convierte líderes a nivel europeo.
Y con ellos una ministra de Trabajo, Yolanda la de los cohetes y los algoritmos en la calle, cuyo balance en cuatro años al frente del Departamento es haber situado a España como el país con la mayor tasa de paro de las economías desarrolladas, superando a Turquía y Grecia, romper el diálogo social, adulterar las estadísticas de desempleo que tienen más trampas que las encuestas de Tezanos, y trasladar la rotación en el empleo a la contratación indefinida hasta el punto de que hoy ha dejado de ser sinónimo de tener y mantener un empleo estable y romper el diálogo social. Porque la realidad de España hoy es que no se crea empleo, se reparte; lo que explica la caída de la productividad y de las horas trabajadas.
Por cierto, que quién si festeja y reivindica que el Gobierno se haya plegado a aprobar la prevalencia de los convenios autonómicos es Pimec, la patronal patrocinada por la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y a la que el Gobierno ha colado por la puerta de atrás como interlocutor en el diálogo social para quitar poder a CEOE y Cepyme. Pues eso, blanco y en botella.
