Marta Vall-Llossera. Presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).
Hace ahora cinco años, los Estados que integran la UE, incluido España, acordaron acelerar el proceso de modernización y transformación de la economía europea para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050 y lograr una sociedad más sostenible.
La comunicación de la Comisión Europea con la que se presentó el conocido como Pacto Verde Europeo planteaba una respuesta ambiciosa al desafío del cambio climático. Proponía la adopción de reformas políticas y medidas que incluían desde la descarbonización del sistema energético para apostar por energías limpias y una producción y abastecimiento más seguro y asequible para consumidores y empresas a la modernización de la industria, el impulso de una movilidad multimodal, sostenible e inteligente o el uso eficiente de la energía y los recursos en la construcción y rehabilitación de edificios, habida cuenta de que el sector de la edificación consume el 40% de la energía final de la UE y representa el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Dentro de esa hoja de ruta, y después de un largo periodo de discusión en el seno de las instituciones europeas, el Parlamento ha aprobado la nueva versión de la Directiva europea de Eficiencia Energética de Edificios (EPBD, en sus siglas en inglés). La norma, que tendrá que transponerse ahora al ordenamiento jurídico de todos los Estados, establece, entre otras medidas, una reducción del uso medio de energía primaria en los edificios residenciales de un 16% para el año 2030 y entre un 20% y un 22% para 2035; determina que, al menos, el 55% de esa disminución se logre mediante la rehabilitación de los edificios con peores resultados, y contempla una mejora de los Certificados de Eficiencia Energética, que se basarán en un modelo común para la UE con el fin de informar mejor a la ciudadanía y facilitar las decisiones financieras.
La EPBD revisada contempla medidas destinadas a mejorar tanto la planificación estratégica de la "ola de renovación" de edificios como las herramientas para garantizar que dichas rehabilitaciones se lleven a cabo. En concreto, según las disposiciones acordadas, los Estados miembros deberán establecer planes estatales de renovación de edificios para cumplir los objetivos de descarbonización, derribando, al mismo tiempo, las barreras que pueden dificultar el proceso. Entre otras, la financiación, la formación y la atracción de trabajadores más cualificados.
Desde el sector de la arquitectura, consideramos que la EPBD es una oportunidad para rehabilitar, actualizar y modernizar el envejecido parque edificado de nuestro país con una visión integral que tenga en cuenta la reducción de emisiones en todo el ciclo de vida del edificio-desde el diseño del proyecto a los materiales que se utilizan-, apostando por la calidad arquitectónica como una garantía para el bienestar duradero de la población ante los retos actuales y para la optimización de inversiones y recursos que siempre son limitados.
En un país como España, en el que las estadísticas de los Colegios de Arquitectos del año 2023 muestran que se han visado para gran rehabilitación solo 37.700 viviendas cuando deberíamos llegar a las 300.000 anuales, alcanzar la neutralidad climática en 2050 es un desafío de país que, como tal, exige una estrategia sostenida en el tiempo.
Para una sociedad sostenible y, por lo tanto, eficiente en el uso de los recursos, es imprescindible reducir la demanda del parque edificado, pero no se pueden olvidar aspectos fundamentales relacionados con la conservación, la accesibilidad y la seguridad de los edificios. Eso implica intervenir, con rigor, profesionalidad y una visión global, en la arquitectura de nuestras viviendas y edificios, entendiéndolos como un organismo en el que todas sus partes están interconectadas y son interdependientes, como ocurre en el cuerpo humano, y tener en cuenta, además, la regeneración de nuestros entornos urbanos y la importancia de otro modelo de movilidad.
En el camino hacia la neutralidad climática, la nueva versión de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios debe ser una herramienta decisiva para convertir la edificación en un sector limpio y libre de emisiones, para modernizar y revitalizar el sector y su empleabilidad, y para mejorar el bienestar de la ciudadanía, mitigando las situaciones de pobreza energética actuales. En definitiva, para conseguir una sociedad más sostenible, justa y próspera que, preservando el futuro del planeta, contribuya a la calidad de vida de todas las personas sin distinción, en un compromiso colectivo de las Administraciones Públicas a todos los niveles, las empresas privadas, los profesionales, el tercer sector y el conjunto de la ciudadanía.
