Opinión

Sin gasolina y en funciones

  • No tener listos los presupuestos deja a Sánchez sin poder cumplir con muchos compromisos
Pedro Sánchez en el XV Congreso del PSOE ./EFE

Si no fuera ya humillante e indecente mantenerse en el poder con un Gobierno teledirigido desde Waterloo por un delincuente prófugo de la Justicia, ahora también quienes le sostienen a cambio del chantaje permanente le han convertido en un Gobierno en funciones, que no otra cosa resulta de su renuncia a presentar unos nuevos presupuestos del Estado, que son la ley fundamental que marca la totalidad de la práctica totalidad de las decisiones y actuaciones gubernamentales, en la que se plasman los objetivos estratégicos de las políticas económicas y sociales públicas y los recursos asignados para su cumplimiento.

Una renuncia presupuestaria derivada de la decisión de Pere Aragonés de adelantar las elecciones autonómicas de Cataluña, que ha metido el miedo en el cuerpo al inquilino de Puigdemont en La Moncloa y que, además, es otra vulneración flagrante del mandato constitucional que obliga a los gobiernos a presentar los Presupuestos y sólo pueden prorrogarse si son rechazados por las Cámaras Legislativas.
"Un gobierno sin cuentas públicas es tan útil como un coche sin gasolina" le censuró Pedro Sánchez a Mariano Rajoy en 2018. Pues si el hoy jefe del Gobierno tuviera principios y palabra ya podría empezar a aplicarse la receta y ser consciente de la inutilidad de un Gobierno que no va a poder hacer nuevas políticas sociales ni mejorar las existentes, que tampoco va a poder cumplir el compromiso de aumentar el gasto en defensa al 2%, que no va a tener capacidad para incrementar la oferta de empleo público y la tasa de reposición, no podrá asignar nuevas partidas para prestaciones ni aplicar nuevas figuras impositivas, además de restringir las inversiones del Estado

Tampoco va a poder cumplir su promesa de condonar el 15% de la deuda a las comunidades autónomas, lo que pone en serias dudas la continuidad de la legislatura, teniendo en cuenta que el presidente, ya en funciones, de Cataluña, Pere Aragonés, ha advertido a Sánchez que debe condonar parte de la deuda de Cataluña, como se pactó en el acuerdo de investidura con ERC, pese a que se haya descartado aprobar los Presupuestos. Y lo que es más grave pone en riesgo la llegada de más fondos europeos por el incumplimiento de los compromisos asumidos en el plan presupuestario que había enviado a Bruselas.
Otra de las incógnitas que se abre es como va a poder cumplir con las entregas a cuenta de las autonomías, es decir los recursos que el Estado destina a las regiones por anticipado según la previsión de recaudación del año y que deberían actualizarse. Y en idéntica situación estaría la entrada en Telefónica de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que obliga a desembolsar 2.200 millones de euros. En medios gubernamentales se especula con que estas dos últimas cuestiones podrían solventarse incluyéndolas en el proyecto de ley de ayudas anticrisis que se convertiría en un cajón de sastre.

Todo ello con el añadido del incremento de la inestabilidad política y la inseguridad jurídica que genera un país sin presupuestos y sus derivadas sobre la retirada o aplazamiento de inversiones nacionales y extranjeras con las consiguientes repercusiones negativas en el crecimiento de la economía y el empleo, en un año en el que entran en vigor las reglas fiscales de la UE lo que obligará a un ajuste fiscal para cumplir el 3% de déficit como ha avisado el Banco de España y evitar así la apertura de un procedimiento de déficit excesivo. Además de a reducir el endeudamiento justo cuando acabamos de conocer que la deuda pública del conjunto de las administraciones ha alcanzado un nuevo máximo histórico de 1,583 billones de euros, superando el 108% del PIB. Un dato que si se produjera en una empresa privada supondría la quiebra total y el cese o dimisión inmediata de todos sus gestores. Así de claro.

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