La contratación social es una vía sencilla para que empresas y administraciones públicas contribuyan a mejorar la diversidad y la inclusión en su entorno, así como a reducir los niveles de desempleo de colectivos vulnerables, como son las personas con discapacidad.
La Comisión Europea define la contratación social como las operaciones de contratación que tienen en cuenta uno o más de los siguientes aspectos sociales: oportunidades de empleo, trabajo digno, cumplimiento con los derechos sociales y laborales, inclusión social (incluidas las personas con discapacidad), igualdad de oportunidades, diseño de accesibilidad para todos y un cumplimiento voluntario más amplio de la responsabilidad social de las empresas (RSE).
Dicho de otra manera, se trata de aplicar criterios sociales que favorezcan e incentiven avances para la sociedad a la vez que se contrata un determinado servicio o suministro.
Servicios
En el caso de las personas con discapacidad, uno de los colectivos con mayores barreras de acceso al empleo, la contratación de empresas sociales como proveedores de servicios juega un papel esencial para favorecer su empleabilidad.
Este tipo de empresas sociales pueden ofrecer servicios y suministros de todo tipo (logísticos, de conservación medioambiental, facility services, control de acceso, servicio técnico y reparaciones, call center, manipulado, distribución y un largo etcétera) a otras compañías, mediante fórmulas de externalización o subcontratación. La diferencia con otros proveedores radica en que los empleos asociados a estos servicios son ocupados en su mayoría por personas con discapacidad y en que todos los beneficios son reinvertidos, para continuar creando empleo.
A su vez, las empresas cliente reciben múltiples beneficios de la mano de la contratación social. El primero de ellos es que incrementan su competitividad. En efecto, pueden poder poner el foco en su negocio, contratando con empresas especialistas otros servicios de apoyo a la actividad.
Externalización
Además, cumplen la Ley General de Discapacidad. Hay que recordar que la normativa española obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a tener al menos un 2% de personas con discapacidad en plantilla. Este porcentaje se puede cumplir mediante empleo directo o a través de medidas alternativas, es decir, externalizando determinados servicios o suministros.
Adicionalmente, incrementan su Responsabilidad Social Corporativa. La subcontratación de servicios con empresas de economía social es una vía sencilla para que las empresas aumenten su RSC, contribuyendo al empleo de personas con discapacidad a través de la economía sin ánimo de lucro, que reinvierte sus beneficios en su negocio para seguir creando empleo.
En este sentido, es necesario destacar que son múltiples los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en los que impacta la contratación social. Los más relevantes serían ODS 1 (Fin de la Pobreza), ODS 3 (Salud y Bienestar), ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructuras), 0DS 10 (Reducción de las Desigualdades), ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), ODS 12 (Producción y Consumo Responsable) y ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).
Compromiso
En paralelo, las empresas que apuestan por la contratación social mejoran su reputación. La ciudadanía, cada vez más, exige a las empresas mostrar su compromiso y actuar ante realidades sociales. Las empresas que contribuyen a la empleabilidad de personas con discapacidad mediante la contratación social son mejor vistas y percibidas.
Finalmente, las empresas que concurren a licitaciones y contrataciones públicas obtienen una ventaja competitiva adicional. Solo las empresas que cumplen, directamente o mediante medidas alternativas, con el porcentaje de empleo de personas con discapacidad marcado por la Ley pueden estar seguras de que pueden optar a contratos y licitaciones en el sector público. Además, cada vez más las administraciones valoran en sus pliegos mejor a las compañías que adquieren este tipo de alianzas con la economía de iniciativa social.
La economía de iniciativa social de Andalucía está preparada para tejer alianzas con el tejido empresarial. Unidos en la diversidad, seremos capaces de ofrecer oportunidades a quienes más los necesitan ofreciendo, a la vez, servicios eficientes y con alto valor añadido.
